OPINIÓN
Tal vez con un asado en Olivos con el secretario general de APLA Pablo Beiró como invitado principal, el Gobierno nacional debería agradecer los servicios prestados por el sindicalismo aeronáutico a uno de los objetivos que se planteó desde antes de tomar el mando del país: la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Cierto es que, para destrabar la Ley Bases en el Congreso, debió ceder a las presiones de la oposición y excluir a la línea de bandera del grupo de empresas estatales sujetas a privatización, pero el conflicto en curso entre los sindicatos y la conducción de la firma desnudó privilegios tan desmesurados de la casta que la parasita que ha acabado por extender el criterio de que lo mejor que podría hacer el Estado es desprenderse de ella.
Canonjías como los vuelos gratuitos en clase “bussines” para pilotos que cobran sueldos promedio de 5,5 millones de pesos y sus familiares contribuyen mejor que cualquier argumento a afianzar la idea de que las empresas públicas son enclaves usurpados por logreros que se escudan en principios ideológicos para defender sus propios intereses.
El conflicto de Aerolíneas escaló de modo tan escandaloso, con la suspensión de cientos de vuelos en perjuicio de decenas de miles de usuarios que, en retrospectiva, el haber dejado al margen a la empresa de la privatización aparece como un grueso error.
El Gobierno encabezado por Javier Milei anunció ayer que está en contacto con varias compañías regionales interesadas en tomar la operación de Aerolíneas. Es decir que, cerrado el paso en lo inmediato para proceder con una privatización, la solución pasaría por tercerizar el servicio.
El expresidente Mauricio Macri reclamó el «desarme urgente» de la línea y planteó tres propuestas para su privatización o cierre.
«Por el bien de todos los argentinos, lo que necesita Aerolíneas Argentinas es un plan de desarme urgente. La situación actual es una ruina sin salida», consignó en un extenso tuit titulado “la estafa de Aerolíneas Argentinas, y señaló a los sindicatos como responsables de que “hoy se vuele poco, que sea caro, que haya menos conexiones entre provincias y principalmente, de hostigar descaradamente a la competencia para mantener sus beneficios».
Para Macri, hay tres alternativas para «dejar de solventar el déficit de Aerolíneas con impuestos».
Una pasa por «iniciar un proceso de quiebra, que permite dos opciones: la continuación de la empresa luego de reestructurarla (no se trasladan al adquirente los viejos convenios colectivos) o la realización de sus bienes».
Otra sería «la escisión de la empresa en dos (o tres) nuevas, una aérea y otra de servicios en tierra, también con nuevos convenios colectivos».
La tercera es «la rápida reducción de la empresa y la liquidación de sus activos por separado: los aviones a las nuevas ingresantes del mercado, los simuladores, el área de mantenimiento y la empresa de rampa por otro».
El problema, subrayó Macri, no pasa por «quién es el dueño», sino porque la empresa funcione «sin costarle un peso a los argentinos».
Aerolíneas pierde dinero sistemáticamente desde que pasó a manos del Estado, en 2008. El año pasado perdió US$400 millones, que fueron solventados por el Tesoro. El presidente actual de la empresa, Fabián Lombardo, anunció que la dotación de personal se redujo en un 13% respecto de fines de 2023 y que el déficit operativo en un 70% en el primer semestre, de US$272 millones a US$79 millones.
Una fortuna por el resumidero a raíz de la ineficiencia y los onerosos privilegios que una oligarquía se niega a resignar, que son componente medular de esa ineficiencia.
