LA INVESTIGACIÓN
La investigación, las posturas y las pruebas que se realizaron desde su muerte.
Once meses transcurrieron de aquel mediodía del domingo 4 de diciembre del año 2022 en que Fernando Rojas, hijo de Juan Carlos, por ese entonces ministro de Desarrollo Social de la Provincia, lo encontrara boca abajo en con la cabeza en un charco de sangre, muerto en la galería de su casa, donde vivía junto a los perros de raza de su hijo. Fernando había ido a darles de comer.
Desde ese primer instante, el manto de sospecha cubrió la muerte y hoy, a once meses, los interrogantes persisten. ¿Qué le paso a Rojas? ¿Lo asesinaron? ¿Quién? ¿Por qué? ¿O acaso se descompensó, se golpeó y murió? ¿Por qué o por quien no se sabe qué pasó?
La persona que lo encontró no llamó a la policía sino que, a decir de él, intentó ayudarlo. Manipuló el cuerpo -lo dio vuelta, por ejemplo-, le limpió la sangre y llamó a un amigo. Fue este quien al llegar a la casa de Rojitas llamó a la policía. El entorpecimiento y alteración de la escena – actualmente con dos hipótesis muy fuertes, una un hecho criminal, la otra un hecho accidental- no se detuvo ahí. Cuando la policía llegó el lugar no se resguardó, más de una veintena de personas ingresaban y salían como si nada hubiera ocurrido allí, las alteraciones iniciadas por el hijo continuaron.
Casi nueve meses después se conoció, por lo manifestado por familiares cercanos, que padecía dos enfermedades crónicas, de las cuales no se cuidaba adecuadamente. La autopsia al cuerpo de Rojas concluyó en que causa de muerte fue un severo traumatismo craneal en el sector de la base. Sin embargo, si Rojitas fue golpeado con un elemento contundente, de ser así, este nunca apareció. Si se golpeó contra un elemento contundente (piso de la galería de su casa) aún se desconoce. Según el examen preliminar que consta en el expediente judicial (que tiene más se siete cuerpos, cada uno de ellos de 200 fojas), Rojas no murió en el acto, sino que agonizó.
Esta situación, según explicaron los investigadores, quita fuerza a la hipótesis de un “crimen por encargo” o por “sicarios”. Se hubiera o hubieran asegurado de que estuviera muerto, si ese era “el trabajo”.
La autopsia determinó también que Juan Carlos tenía aproximadamente más de 24 horas de fallecido al momento de ser encontrado por su hijo Fernando. Murió el sábado 3 de diciembre posiblemente en horas de la mañana, y al momento de ser encontrado estaba en calzoncillos y sin remera. La postura de que el ministro conocía a su asesino/a se apoya en que ninguna abertura de la casa fue forzada, Rojas abrió la puerta encontrándose en ropa interior, o bien el asesino/a estaba ya en la casa con él o tenía acceso a la vivienda.
En relación con esta situación, semanas atrás se conoció parte de un audio que fue ofrecido por los hijos de Rojas a la Fiscalía para su análisis. En medio de una conversación con el segundo del gremio Uthgra de Buenos Aires, este les habría dicho que en la habitación de su padre hubo una pelea y hasta había sangre. No hubo trascendidos al respecto. Los hijos que hicieron virales las fotos de su padre asesinado y sostienen que ni el propio Fernando, quien fue el que encontró el cuerpo de Rojitas, ni su hija, quien ingresó a la habitación a buscar ropa para vestir a su padre para el velatorio aquella tarde del 4 de diciembre del año pasado, lo habrían advertido.
Las dudas persisten al igual que los interrogantes: ¿Por qué callaron tantos meses? ¿Quién o quiénes y por qué habrían intentado esta maniobra de encubrir lo que le pasó a Rojas? ¿Por qué el silencio oficial de la Justicia? ¿Estamos -parados en la hipótesis del homicidio- ante un crimen perfecto?
Los meses transcurren y las respuestas no llegan. Solo las “interpretaciones” subjetivas de las partes involucradas se hacen públicas. Pero lo cierto es que lo plasmado en el expediente es lo único.
Un sinnúmero de elementos de “pruebas”, ropas con lo que serían manchas de sangre, ropa de cama con fluidos, tomas de muestras de ADN, teléfonos celulares en uso y en desuso, computadoras, imágenes de cámara de seguridad, etc., etc., etc., fueron enviados a distintos laboratorios de Salta, Córdoba y hasta se giraron oficios a Google en Estados Unidos para cuadrangular las activaciones de los teléfonos celulares de los principales sospechosos -Fernando y Silvina Nieva, única imputada pero en libertad- a la red de wifi de la casa del ministro, pero nada. De nada se obtuvo resultado. Hubo conclusiones, pero al parecer no son las esperadas por los investigadores, que continúan insistiendo. Por ejemplo, en el expediente existe registro de las pruebas de ADN de la sangre hallada en la ropa de Rojas y es suya.
La imagen que captó a una mujer de características similares a la de Silvina Nieva el sábado 3 de diciembre en inmediaciones de la casa de Rojas no son nítidas y no existe rasgo único alguno que determine en al menos un 90 por ciento que esa mujer es la imputada. Sí refuerza su declaración de que ella nada tiene que ver que al menos su teléfono celular “no salió” ese fin de semana de su casa. La red de wifi la registra conectada las 24 horas del día. De los celulares nada se recuperó. Ni siquiera aquellos mensajes que se afirma fueron enviados y recibidos en el teléfono del ministro. Si los borraron, que es la salida más rápida de aquellos que sostienen la hipótesis de un “crimen por encargo” o por motivaciones “económicas” por su función en el ministerio, no se pudieron recuperar. Lo cierto al respeto es que no se sabe si existieron o no.
Jury
En el mes de mayo el fiscal Laureano Palacios, quien estuvo al frente de la investigación poco más de un mes – con la colaboración de los fiscales Alejandro Gober y Hugo Costilla-, fue sometido a juicio político. Luego de tres jornadas en las que se ventilaron detalles del expediente que no eran públicamente conocidos, por el voto de la mayoría del tribunal del Jury, al fiscal no solo se lo absolvió, sino que inmediatamente se lo restituyó a sus funciones. Su labor realizada en la investigación fue la correcta, según la resolución política.
La investigación la tiene actualmente el fiscal Costilla, quien a ciencia cierta no sumó nada nuevo al expediente. Silvina Nieva, a quien el fiscal Palacios la imputó e indagó por el delito de homicidio agravado por alevosía y por mediar una relación de pareja preexistente, continúa siendo la única sindicada y en libertad desde entonces.
Es decir que Costilla, quien supuestamente tenía otro fiscal colaborador (el fiscal general Alejandro Gober, de quien prácticamente no hay firmas en las actuaciones) no pudo, por falta de pruebas seguramente, solicitar nuevamente la detención de Nieva. Nada hay en el expediente que la ubique como autora del homicidio, los elementos probatorios muy endebles, por cierto podrían solo sindicarla como encubridora por no haber dicho en su primera declaración que habría mantenido una relación sentimental con la víctima. Idéntica postura se podría tomar en contra de Fernando Rojas por haber -fueran cuales fueran los motivos- alterado la escena.
Autopsia psicológica
¿Qué es lo que está haciendo Costilla que en su momento el fiscal Palacios no hizo? El estado de la causa es el mismo. La misma imputada y las múltiples hipótesis. Transcurridos once meses, se refleja más un desconcierto de la fiscalía acerca de lo que le pasó a Rojitas. ¿Por qué? ¿Y quién o quiénes?
Lo nuevo del expediente en la “gestión” de Costilla, cuyo desempeño ya fue cuestionado dos veces por la querella, que solicitó su apartamiento y sin embargo continúa al frente de la investigación, es la autopsia psicológica.
Más de diez personas del círculo íntimo familiar, laboral y amistades del ministro Rojas fueron perfiladas por las profesionales de la Policía Federal. Ni conclusiones finales ni preliminares fueron informadas oficialmente por la Justicia al respeto, aun cuando sí trascendieron por parte de la familia de Rojas algunos detalles.
Por ejemplo, que “Rojitas” padecía de dos enfermedades posiblemente crónicas, una en las articulaciones y otra en el páncreas de las que no se atendía correctamente. Datos que refuerzan la hipótesis que sostiene el personal especializado de la Policía Federal, que viajó desde Buenos Aires a esta provincia en más de una oportunidad para realizar estudios e inspecciones más profundas, tanto en la casa donde fue encontrado Rojas sin vida como de los informes de las autopsia realizadas a su cuerpo.
Este análisis, sumado a lo conocido en la autopsia psicológica en cuanto al endeble estado de salud del ministro, refuerza la hipótesis de que Juan Carlos pudo haber sufrido una descompensación, caer al suelo y golpear la cabeza. Esta hipótesis encuentra coincidencia con lo declarado por Nieva, quien dijo que el día sábado -cuando habría ocurrido su muerte- estuvo hablando por teléfono con el ministro cuando de repente escuchó un “ronquido” y “como un golpe” para luego cortar la comunicación al pensar que se “había quedado dormido”.
Semanas atrás se juzgó en una de las cámaras penales a un joven que le provocó la muerte a otro en un salón de fiestas tras agredirlo de un golpe en uno de los laterales de la cabeza. La víctima cayó y golpeó la cabeza contra el suelo. Al querer ayudarlo una amiga, aseguró ante el tribunal bajo juramento, que “lo hablaba, pero no respondía y escuché como un ronquido, como si estuviera dormido, después perdió la consciencia”.
La hipótesis de una muerte accidental continúa sobrevolando el expediente.
Hoy, a 11 meses de la muerte del ministro Juan Carlos Rojas, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo 4 de diciembre del 2022 por su hijo Fernando, nada ha cambiado. El voluminoso expediente tiene una sola imputada, quien desde el 15 de diciembre del 2022 se encuentra en libertad, y un “sospechoso bajo la lupa”, Fernando Rojas, quien a pesar de la insistencia y el tiempo transcurrido no fue constituido como querellante en el expediente. Si bien la Justicia no tiene elementos o al menos no se dieron a conocer oficialmente, haya tenido Fernando algún tipo de participación o no en la muerte de su padre, sí está acreditado -y hasta por sus propios dichos- que “alteró” la escena de un hecho posiblemente criminoso, lo que constituye un delito.
