CRIMEN DEL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
El pedido ingresó a la Fiscalía General. Con base a ambas posturas, el fiscal General deberá resolver.
El fiscal Hugo Costilla, a cargo de la investigación por el homicidio del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, deberá pronunciarse ante el pedido de los hijos de “Rojitas”. Como adelantó El Ancasti, la querella solicitaba el apartamiento del fiscal del caso o que se le asigne un fiscal coadyuvante. El planteo se realizó ante la falta de resultados positivos y el estancamiento de la causa, pese a que el expediente cuenta con 15 cuerpos.
Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que el planteo de la querella ingresó a la Fiscalía General. Si bien la querella también había solicitado la habilitación de feria, el fiscal Costilla continúa afectado. Ahora, se le correrá vista para pronunciarse. Con base a ambos planteos, el de la querella y del fiscal del caso, el fiscal General Alejandro Dalla Lasta resolverá.
El pedido de los hijos de Rojas tiene como propósito llegar a la verdad sobre las circunstancias del crimen. Remarcaron que a siete meses del hallazgo del cuerpo, no hay resultados positivos y no se ha podido demostrar avance alguno. Por ello, instan a que se refuercen las medidas en el marco de la investigación, a efectos de poder llegar a la verdad sobre el crimen y determinar si hubo participación de terceras personas, como cómplices o encubridores.
El planteo fue presentado por Iván Sarquís, el abogado que representa a los hijos de Rojas en la querella. También se remarcó que las pericias efectuadas sobre los celulares y dispositivos electrónicos secuestrados aún no arrojan resultados concluyentes. Este trabajo fue realizado por el Cuerpos de Científicos de Policía Federal y de Gendarmería Nacional, en Capital Federal y en la Ciudad de Salta.
Además, se indicó que los deudos de “Rojitas” habían denunciado al subcomisario Tomás Rodríguez, jefe de la División de Homicidios de la Policía de la Provincia y al primer fiscal de la causa, Laureano Palacios. Rodríguez fue denunciado por “encubrimiento agravado”. Si bien ya se tomaron medidas con relación a Rodríguez y se le secuestró el teléfono celular para efectuar pericias, la denuncia contra Palacios no prosperó.
Otra cuestión que se destacó es que la cadena oportunamente denunciada por la querella y que estaba extraviada, luego habría aparecido en inmediaciones del lugar donde se la había fotografiado. Pese a que la querella puso sobre aviso a la Fiscalía sobre este elemento, no fue tomado en cuenta.
Ante esta situación, la querella considera la falta de cuidados pertinente con relación a la custodia de los elementos y de la preservación de la escena del crimen. A su criterio, no hay garantías en la investigación.
Todo ello lleva a la querella a considerar –como también se había adelantado- en una incongruencia en la investigación. En este sentido, indicaron que aún se mantiene la acusación contra la única sospechosa. Esta persona mantiene el estado de libertad. Es decir, para la querella aún se mantiene la determinación del hecho que en su momento había realizado el fiscal Palacios –quien imputó a la única sospechosa-, sin ningún cambio, aunque se siguen investigando otras hipótesis.
A la vez, la querella puso énfasis en que se busca determinar la causa de muerte, pese a que se realizaron dos autopsias y hubo informes del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) que daban cuenta de que se trataba de un homicidio, perpetrado con un elemento contundente, romo. Al mismo tiempo, se peticionaron pericias a efectos de precisar mecánica y triangulación del hecho. Es decir, a siete meses del crimen, no se pudo determinar cómo y dónde fue ultimado Rojas.
Sin avances
El abogado de la querella Iván Sarquís, en una entrevista en Mañana Central, por Radio Ancasti, señaló que las “incongruencias investigativas” son notorias y que solicitaron el apartamiento del fiscal Hugo Costilla por situaciones irregulares como la cadena de acero que aparecía en la foto pero no en el inventario. Tampoco mostró entusiasmo con lo que se pueda averiguar en el teléfono que se le secuestró al jefe de la División Homicidios.
Sarquís reveló que el viernes anterior la familia se entrevistó con el fiscal y que la “causa se sigue investigando, la familia no ha recibido ni se observan avances positivos en las pesquisas investigativas a casi ocho meses del asesinato del ministro”.
Agregó que “han surgido cuestiones que la familia considera llamativas y preocupantes y de esta manera ha resuelto dirigirse al Fiscal General con vista al Procurador General de la provincia para que se designe otro fiscal o se designen fiscales coadyudantes”, expresó.
La denuncia está argumentada en “la falta de interés investigativo, instando la imputación del jefe de Homicidios por la desaparición de esta cadena”, remarcó. Además, recordó que “esta es una causa política, una causa penal que está atravesada por una coyuntura política muy intensa” y que “a veces me da la sensación que nos corren el arco, como se dice en la calle”.
“Si estoy denunciando a un numerario policial por presunto encubrimiento del homicidio que está investigando y denuncio una cadena que después desaparece y no aparece en el acta de procedimiento. Y después de los 100 días que la Policía tiene la casa de Rojas bajo custodia y aparece mágicamente esa cadena y una cámara en la escena del crimen, es una situación que en la familia genera una lógica sospecha”, consideró.
Tres personas sindicadas
Una mujer fue imputada por el primer fiscal de la causa por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber mediado una relación de pareja”. Estuvo detenida una semana y recuperó la libertad por cuestiones técnicas; la orden de detención no tenía la firma del fiscal. Oportunamente, la querella había considerado que podía tratarse de un “perejil”.
El exjefe de la División de Homicidios de la Policía de la Provincia, Tomás Rodríguez, fue denunciado por “encubrimiento agravado”. Si bien se le secuestró el teléfono celular para realizar pericias, a la fecha no fue imputado.
Luego de la absolución del jury contra el fiscal Palacios, los hijos de Rojas lo denunciaron por “violación de los deberes de funcionario público”.
