Editorial
Ríos de tinta y toneladas de papel se gastan cada año en expedientes, que tramita la Justicia Federal pero también algunas provinciales, en el armado de causas penales contra consumidores y jóvenes que se dedican al narcomenudeo, comercializando pequeñísimas dosis de marihuana, mientras las bandas organizadas, que trafican a gran escala drogas duras, siguen extendiendo sus tenebrosos tentáculos en la sociedad y, lo que es peor, en la trama institucional argentina.
La persecución a consumidores es inaudita y no tiene ningún sustento legal. El consumidor es una persona enferma que no puede ser imputada, procesada y mucho menos encarcelada, sino contenida y sometida a tratamiento para que pueda zafar del consumo. La despenalización del consumo implica adoptar una mirada de la problemática desde la salud pública y apunta a no criminalizar al consumidor sino a los narcotraficantes.
Existen precedentes jurídicos inobjetables, que un sector de la Justicia parece desconocer. Por ejemplo, el denominado fallo Arriola, de la Corte Suprema de Justicia, que fue dictado en agosto de 2009, que declara la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23737 de estupefacientes. De esta manera, la Corte señala que no se puede castigar el consumo personal en el ámbito privado.
La comercialización de pequeñas cantidades de droga puede ser penalizada, pero hay cada vez más jurisprudencia que se basa en el contexto en el que estas prácticas se realizan para valorar la gravedad del hecho. La condena a penas de cárcel a chicos que comercializan pequeñas cantidades para sobrevivir son ya ampliamente rechazadas. También hay voces, desde las defensorías oficiales, que analizan con realismo esta problemática. Rosana Gambacorta, coordinadora regional del Ministerio Público de la Defensa con competencia jurisdiccional en Rosario, la ciudad más afectada por el narcotráfico, sostiene que “la única solución que el Estado propone es punitiva. Parece que todo se va a resolver a través del derecho penal, una pena y un tipo en ‘cana’. Y no es así”.
En Rosario, un 70 por ciento de las personas detenidas por la Gendarmería Nacional es consumidor o vendedor con exiguas cantidades de droga, generalmente marihuana, cuyo consumo se ha generalizado entre adolescentes y jóvenes. En esa jurisdicción casi el 90% de los involucrados en causas judiciales por narcotráfico es atendido por los defensores oficiales. Cada vez la proporción es mayor. La conclusión es simple: recurren a la defensa oficial los pobres, que no tienen recursos para pagar abogados caros. Los narcos importantes, los que manejan el negocio, no suelen caer en las redes de la Justicia. Y, si caen, contratan a estudios de abogados que se especializan en la temática.
La cantidad descomunal de causas, las detenciones de consumidores adictos o “perejiles” solo sirven para las estadísticas, pero no tienen otro impacto. Al narcotráfico se lo combate persiguiendo y encarcelando a los peces gordos.
