PARA TRATAR EL CASO GORDILLO
El pedido era del diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y fue elevado a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero.
La oposición en la Cámara de Diputados consiguió las 14 adhesiones para solicitar a las autoridades del cuerpo la concreción de una sesión especial para tratar la denuncia de violencia de género contra el intendente de Pomán, Francisco Gordillo. Así lo anunció el diputado e impulsor de la sesión, Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) quien aclaró que «toda la oposición acompaña el pedido».
“Hemos conseguido dentro del arco opositor las firmas que se necesitaban para realizar una sesiona especial para tratar la violencia de género que realizan distintos funcionarios del Frente de Todos en toda la provincia y en este caso Francisco Gordillo. Vamos a seguir hasta el final con este caso y vamos a seguir muy de cerca el accionar de la Justicia que siempre actúa lenta y garantiza impunidad. Queremos saber que hace el fiscal Camps con este caso porque nos enteramos que aún no citó a declarar al principal testigo del hecho que es el propio hijo de Gordillo que relató cómo fueron los hechos”, dijo el diputado en sus redes sociales.
Alcanzados los números para pedir la sesión especial, los legisladores emitieron una nota a la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, para que le ponga fecha al plenario y de esta forma “debatir el aberrante hecho de violencia de género de un importante funcionario público, que en los últimos días ha tenido un nuevo episodio, al cual hay que repudiar de manera enérgica desde todos los bloques que forman esta Cámara”.
“El hecho en cuestión fue perpetrado esta vez por el Intendente de Pomán, Francisco Gordillo, que también ha ocupado otros cargos muy importantes, como Ministro de Educación; Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y también Ministro de Desarrollo Social”, relató la oposición en la misiva enviada a Guerrero. En este marco, le recuerdan a la presidenta sus declaraciones sobre el tema: “Como usted muy bien lo expresa en los medios ‘los funcionarios y las funcionarias tenemos la obligación Constitucional de hacer cumplir las normas convencionales del Derecho Internacional, Constitucionales, Nacionales y locales de prevención, erradicación y sanción de la violencia de género. Por lo tanto es inaceptable que un miembro de cualquiera de los poderes del estado, incurra en este tipo de inconductas’”.
Para los diputados, “no se puede seguir tolerando estos actos de violencia de género, sin expresar desde esta Cámara un mensaje claro y contundente”.
