El gobierno elimina del presupuesto 2023 la prórroga del artículo 52 de la Ley de Solidaridad
Los derechos de exportación son un instrumento de política económica, prácticamente desechado por el gobierno al momento de preanunciar la guerra contra la inflación, salvo por la suba de dos puntos en las retenciones para la harina y el aceite de soja, recursos utilizados para financiar un fideicomiso que no se sintió en los bolsillos de los consumidores. Esta semana, el gobierno volvió a atarse las manos tras eliminar del presupuesto 2023 la prórroga al artículo 52 de la Ley de Solidaridad.
Durante el debate parlamentario, dicho artículo resultó directamente eliminado. La Mesa de Enlace festeja. Las exportadoras también. Y el gobierno claudica nuevamente ante un debate estratégico.
El impacto de la quita del artículo 95 del presupuesto 2023 será carecer de una herramienta para desacoplar precios. Pero la discusión de fondo es mucho más amplia: ¿no es momento para reclamar una herramienta fuerte del Estado que pueda intervenir de manera inteligente en la cadena de cereales y oleaginosas? Si lo único con lo que cuenta el Estado son los derechos de exportación, Houston, tenemos un problema.
El debate de fondo podría auspiciar una empresa estatal de comercialización de granos y producción de alimentos, que juegue tanto en el mercado exterior como para el consumo interno, que les garantice a los productores una rentabilidad acorde a sus inversiones y precios accesibles a los consumidores.
El tema es que el Frente de Todos decidió casarse desde su inicio con la Mesa de Enlace. Y renueva votos para cada vez que puede.
Las retenciones para la soja poseen una alícuota del 33 % mientras que en trigo y maíz se ubican en el 12 %. La Ley de Solidaridad permitiría llevarlas al 15 %. Luego del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, con la disparada del precio internacional del trigo, el ex secretario de Comercio Roberto Feletti había propuesto aumentarlas para que actuasen como un desacople permanente de la fluctuación internacional. Como parte de la discusión interna también se hablaba de llevarlas al 27 %, en el contexto de una fuerte disparada del precio internacional de las materias primas.
Pero la decisión política de entonces fue la de crear fideicomisos, subsidios cruzados entre los exportadores y molinos, que tampoco contribuyeron a bajar el precio del pan y otros productos. De hecho, en la comparación interanual, los farináceos son de los alimentos que más aumentan.
Horas antes de la votación en Diputados, Sergio Massa le había prometido a la dirigencia rural que no se aumentarían los derechos de exportación. “No hay intención de subirlas”, les había manifestado el ministro en Las Heras. Durante el debate parlamentario, dicho artículo resultó directamente eliminado. La Mesa de Enlace festeja. Las exportadoras también. Y el gobierno claudica nuevamente ante un debate estratégico.
