Con dificultades para sumar los apoyos necesarios para aprobar los puntos nodales de la iniciativa, y tras semanas de fuertes negociaciones parlamentarias, ayer el ministro de Economía Luis Caputo anunció que se retirará el paquete fiscal del texto del proyecto. A pesar de que estos puntos eran los más resistidos por los gobernadores -suba de retenciones, cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, la asignación específica de lo recaudado por el blanqueo (que dejaría de ser coparticipable), y la modificación de piso desde el que se tributa Bienes Personales (lo recaudado es repartido entre las provincias)-, el funcionario dejó en claro que el ajuste sigue siendo parte del objetivo principal del Gobierno.
“De ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir al equilibrio fiscal, nuestro objetivo de déficit cero”, dijo el ministro de Economía. Y después añadió que en función de esa meta avanzará con otras medidas de achicamiento del gasto, que no especificó. No obstante, es probable que, tal como advirtió Caputo a través de su cuenta de X, se apunte a compensar los menores ingresos con un recorte en las transferencias a las provincias.
Se trata de un botín clave en la distribución de los fondos públicos. El año pasado, según un informe de la Fundación Mediterránea, el Tesoro transfirió a las provincias $1,9 billones de manera discrecional. Es decir, por fuera de las partidas automáticas que surgen del régimen de coparticipación y que el Ejecutivo no puede modificar.
En este esquema, existen provincias en las que los recursos recibidos desde Nación (automáticos y discrecionales) superan el 90% de sus ingresos totales, como es el caso de Formosa (93%), La Rioja (92%), Catamarca (90%) y Santiago del Estero (90%).
Los gobernadores conocen bien la estrategia de toma y daca que ejerce el Poder Ejecutivo y se mueven con soltura para sortear las formalidades partidarias y ofrecer lo que tienen a mano: sus espadas legislativas. Con Francos como interlocutor natural, los mandatarios comenzaron a tender los puentes necesarios para proteger sus pagos chicos y, con eso, asegurar su supervivencia en el poder. “Los teléfonos empezaron a sonar”, escenificó un diputado kirchnerista que conoce a la perfección cómo el poder disciplina.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó estos movimientos y denunció que “Milei se quiere llevar puesto al federalismo, a los gobernadores y al pueblo de las provincias” ante la posibilidad cierta de un desgranamiento más profundo. “Basta de amenazas, aprietes y extorsión. Mi solidaridad con los gobernadores de todas las provincias argentinas”, escribió en su cuenta de X.
Uno de los primeros en mostrar sintonía con la Casa Rosada fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien poco después de asumir anunció una “reducción del 20% de la planta política del Ejecutivo provincial” y se convirtió en el primer mandatario peronista en realizar recortes a los cargos públicos.
“La gente votó un cambio de paradigma y nos tenemos que acomodar”, afirmó Jalil en diálogo con LN+ tras tomar esta decisión y se mostró predispuesto a acompañar medidas del gobierno nacional. “Estamos trabajando con los gobernadores y sería muy bueno que el presidente nos convoque. Todas las medidas económicas necesitan un sustento político y nosotros estamos dispuestos a dialogar”, expresó.
La principal preocupación del catamarqueño es la posible liquidación de la empresa interestatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), hoy en el paquete de 35 compañías “sujetas a privatización” en la ley ómnibus. Se trata de una cuantiosa caja controlada por el gobierno provincial, que retiene el 60% de las utilidades netas de las millonarias inversiones en reservas de oro, plata y el estratégico litio. De hecho, su hermano Fernando Miguel Jalil es el actual presidente de la entidad.
Para terciar a su favor, el gobernador puede ofrecer como moneda de cambio dos de los cinco diputados que representan a Catamarca. Se trata de Fernanda Ávila, exsecretaria de Minería de Alberto Fernández y exministra de esa misma cartera en el gobierno de Jalil; y Silvana Ginocchio, esposa del mandatario provincial. Si bien Ávila forma parte del círculo de mayor confianza de Jalil, hay quienes ponen en duda la lealtad de su cónyuge. “Las cosas no andan muy bien”, deslizan quienes conocen la dinámica matrimonial, a la vez que destacan que Ginocchio se mostró, a diferencia de su marido, muy en contra de las medidas de Milei. De hecho, acompañó el dictamen de minoría del bloque de Unión por la Patria, por el que se rechazó el proyecto del Ejecutivo en el plenario de comisiones.
Los diputados kirchneristas Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, en tanto, responden directamente a la exgobernadora Lucía Corpacci, quien hoy ocupa una banca en el Senado. El quinto legislador, Francisco Monti, ingresó por la UCR. En la Cámara alta, Jalil cuenta con el apoyo de su exministro de Comunicación, Guillermo Eduardo Andrada.
Con la misma lógica, el plástico gobernador kirchnerista de Santiago del Estero, Gerardo Zamora -de lavado origen radical-, también concretó un feroz ajuste provincial en línea con la política nacional. Sin embargo, esa no fue la única señal de acercamiento. Durante la sesión preparatoria del Senado, en la que la vicepresidenta Victoria Villarruel se anotó un triunfo y logró nombrar las autoridades del cuerpo a través de una mayoría circunstancial, los tres legisladores santiagueños se ausentaron. Se trató de Claudia Ledesma de Abdala -esposa del gobernador-, Gerardo Montenegro y José Neder. Frente a un Congreso altamente fraccionado, los faltazos en la bancada opositora se cuentan a favor del oficialismo.
En Diputados, Zamora controla los siete diputados que representan a su provincia. La ausencia de una porción de estos legisladores podría alivianar el peso del Gobierno que, tras casi un mes de intensas negociaciones, todavía no logra recopilar las adhesiones para la media sanción del proyecto de “Ley de Bases”.
Fuente: La Nación
