EDITORIAL
Las pequeñas y medianas empresas forman, junto con los asalariados, el sector más afectado por el programa económico de Javier Milei puesto en marcha el 10 de diciembre. Los indicadores exhiben con contundencia el impacto negativo, que en el mediano plazo tendrá gravitación en miles de empleos.
Las pymes tienen en la Argentina un peso formidable. Hasta fines del año pasado existían en el país 547.970 empresas, de las cuales 536.076 son pequeñas y medianas. Es decir, el 97,8% del total. Representan el 44% del Producto Bruto Interno y genera alrededor de 11 millones de puestos de trabajo, lo que representa casi el 79% del empleo privado.
Se entiende, consecuentemente, que si al sector de las pequeñas y medianas empresas le va mal, le va mal a la inmensa mayoría de los argentinos.
El sector se ha visto seriamente afectado por el incremento sostenido de los precios de los últimos meses. Como la evolución de los salarios ha sido muy inferior, se produjo una brusca pérdida del poder adquisitivo de los salarios que a su vez redujo la actividad económica.
Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Índice de producción industrial pyme registró en enero una caída del 30% interanual a precios constantes y un descenso del 9,1 en comparación con diciembre pasado. En el informe, la entidad empresaria advierte que los meses que vienen serán peores: “El sector industrial está sintiendo fuerte el deterioro en el poder adquisitivo de la gente y la pérdida de competitividad en los mercados mundiales, que afecta a las empresas de perfil exportador, por lo que las industrias pyme se preparan para un panorama complejo en los próximos meses”.
El problema no es solamente de las pymes industriales. Las vinculadas al comercio sufren también un golpe importante. En el mes de enero las ventas minoristas se cayeron, en términos interanuales, 28,5%. Y si se comparan con el último mes del año pasado, la reducción fue del 6,4% en la comparación desestacionalizada. Los números de febrero son todavía peores y las proyecciones para los próximos meses no dan lugar a ningún atisbo de optimismo.
Las pequeñas y medianas empresas tienen un margen de maniobra muy reducido. Sin la solvencia de las grandes empresas, la caída en los ingresos se traduce al cabo de poco tiempo en suspensiones, despidos y finalmente el cierre de las firmas.
Las pymes de la construcción son las más dañadas. La Cámara Argentina de la Construcción calculó que entre noviembre y febrero se perdieron aproximadamente 100.000 puestos de trabajo como consecuencia del freno dispuesto por el gobierno nacional a la obra pública y una disminución también muy marcada de la actividad de las obras privadas.
El peso de las pymes en la economía nacional debería ser argumento suficiente para que el gobierno diseñe un programa de rescate y recuperación del sector. Pero, se sabe, las actuales autoridades nacionales no suelen atender razones de esta índole, por más contundentes que sean.
