EDITORIAL
En declaraciones formuladas luego de ser consagrado como presidente electo, Javier Milei confirmó su intención de suprimir la Secretaría de Comercio. “No tiene por qué estar haciendo eso de regular precios, me parece una aberración”, dijo sobre el organismo. Y luego añadió: “Todos los precios que pueda de la economía, los voy a liberar”.
La apuesta es muy riesgosa. Si bien el control de precios a través de diversos mecanismos nunca ha sido todo lo eficiente que se requería, las experiencias de liberación absoluta de precios han generado movimientos inflacionarios muy bruscos y perjudiciales para la economía en su conjunto, pero particularmente para los sectores asalariados. De hecho, luego del triunfo libertario en el balotaje, los acuerdos de precios que se habían pactado con el gobierno actual dejaron parcialmente de respetarse y se inició un fuerte movimiento ascendente que seguramente se acelerará notablemente si hay liberación total.
La idea de la regulación de precios a través del mercado funciona en economías estabilizadas y donde no existen fuertes posiciones monopólicas y oligopólicas. En la Argentina de hoy no hay estabilidad y los formadores de precios, sobre todos en los bienes de consumo masivo, ejercen posiciones oligopólicas que les permiten fijar precios muy por arriba de sus costos de producción sin que la genta pueda optar por productos alternativos. Un combo explosivo cuyas consecuencias son desestimadas por las autoridades que asumirán en menos de diez días.
Además, la misión del organismo al parecer condenado a desaparecer es muchísimo más amplia que el control de precios.
Según la página web oficial, la Secretaría de Comercio tiene competencia en “la formulación y ejecución de la política comercial e implementa medidas comerciales tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios públicos y privados, a la vez que diseña políticas de defensa de los consumidores y de defensa de la competencia y supervisa la gestión del comercio exterior en coordinación con otras áreas competentes”. Según lo señalado por otros referentes libertarios, como la futura canciller Diana Mondino, “las funciones de comercio exterior seguirán vigentes y podrían ser absorbidas por la Cancillería”.
De las declaraciones de Mondino se desprende que las otras funciones no continuarán. Es preocupante, por ejemplo, que el Estado se desentienda de regular y organizar los mercados de bienes y servicios públicos y privados, y que se desentienda del rol de defender la competencia y los derechos de los consumidores, un logro que tiene en la Argentina ya muchos años.
Con este esquema de desregulación que plantea el nuevo gobierno se forzaría, además de un incremento sostenido de precios mayor al que hoy existe, un fuerte incremento del precio de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos. Un empuje formidable para alentar el espiral inflacionario.
