Editorial
El ciberacoso, entendido como el uso de medios digitales para molestar o acosar a una o varias personas mediante ataques personales, divulgación de información personal o falsa, es un fenómeno de hostigamiento digital que ha cobrado auge mediante el desarrollo de las nuevas tecnologías. Cualquier persona puede convertirse tanto en víctima como en victimario de este procedimiento hostil. La novedad de los últimos tiempos es que quienes incurren en este tipo de comportamiento a veces tienen una responsabilidad institucional.
Esta semana el colectivo Periodistas Argentinas presentó públicamente un informe titulado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”. En el documento denuncian “una escalada significativa” de ataques en redes a mujeres periodistas. El hecho es grave, porque además del hostigamiento debe anotarse como consecuencia directamente relacionada una afectación de la libertad de expresión, en tanto los ataques tienen la pretensión de acallar voces inconvenientes. Y hay un agravante más, según el razonamiento del colectivo mencionado: las agresiones provienen de “integrantes del dispositivo de comunicación oficial”, que por otro lado son iniciados o replicados por el propio presidente Javier Milei.
El informe reitera lo que ya ha sido denunciado en otras oportunidades y por diversos actores. Hay personas que operan en redes sociales con esos fines, particularmente en X (ex Twitter) y que están financiados presupuestariamente por el Poder Ejecutivo Nacional.
La denuncia menciona a 16 mujeres periodistas argentinas, con quienes se solidarizan, que sufrieron ataques sistematizados. El escrito sostiene que estos operadores “desinforman, hacen proliferar fake news y derivan en una escalada de agresiones personales y de intimidación». Además, identifica ocho categorías de comportamientos agresivos de este tipo: insultos, sarcasmo, la imposición, el deseo de dañar, la objetivación sexual, la difamación, la amenaza y la instigación a la violencia.
Las periodistas son acosadas por sus publicaciones en materia política o económica que no son del agrado del presidente de la Nación y sus seguidores. El informe explica que hay una tendencia misógina en los ataques: “Las reporteras reciben en promedio tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones”, señala en uno de sus párrafos.
La presentación de Periodistas Argentinas no se restringe a la denuncia; también tiene su aspecto propositivo: solicitan al Estado que refuerce el marco legal, prohíba financiar este tipo de agresiones, imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots y que instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas del ciberacoso.
El ciberacoso, sobre todo si es ejercido por personas poderosas o con vinculaciones con el poder, es una grave amenaza a la libertad de expresión, además de constituir, en algunos casos extremos, delitos encuadrados en el Código Penal. Además, naturalizar este tipo de comportamientos contribuye a su peligrosa expansión.
