Decreto presidencial
Ambas entidades cuestionaron las nuevas restricciones para el acceso a la información pública.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) cuestionó al gobierno de Javier Milei por la modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública, que impuso nuevas restricciones.
La entidad consideró que «esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia». «Algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario», agrega el comunicado.
Adepa entiende que si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios», dice el comunicado.
Todos estos cambios, dice Adepa, «darían lugar a conductas cuestionables por parte de los funcionarios, al tiempo que conducirían a un empobrecimiento del debate público como insumo esencial del sistema democrático». Finalmente, la entidad le pide al gobierno de Milei que revierta las modificaciones.
Por otro lado El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también rechaza los cambios que el Gobierno nacional introdujo en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Mediante un comunicado, advirtió que “implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.
Según Fopea el decreto, reglamentario de la Ley N° 27.275, contiene restricciones al derecho de acceso a la información pública que lesionan su efectiva vigencia. Incluye límites a la interpretación de los asuntos de interés público. Entre ellos, “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
Cabe recordar que a través del Decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Presidente buscó reforzar la protección de datos “privados” suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas.
