Los hechos suscitados a partir de la publicación del informe de El Ancasti dando cuenta de la contratación directa realizada por el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de la Provincia, por un monto total de más de 2.100 millones de pesos, a la firma Air Total SRL, de propiedad de un primo de su pareja, son un compendio conciso pero muy descriptivo de los vicios en los que suelen incurrir los dirigentes políticos cuando priorizan la búsqueda de los intereses sectoriales por sobre los colectivos.
El hecho que dio origen al proceso posterior es, de por sí, una práctica nociva que le otorga argumentos sólidos a las críticas que la ciudadanía suele hacer al manejo de los recursos públicos. El ministro cuestionado, Eduardo Niederle, se presentó en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados pocos días después de que se destapara el escándalo. Lejos de aportar fundamentos que justifiquen la política de contrataciones, el funcionario ofreció vagas explicaciones respecto de una supuesta escasez de empresas para ejecutar obras públicas en la provincia, ante legisladores oficialistas complacientes y opositores poco creativos para indagar a fondo.
Como las elucidaciones de Niederle fueron poco convincentes, el diputado Hugo Ávila presentó un pedido de interpelación para que el debate se trasladara de una oficina cerrada al recinto de la Legislatura, adoptando un carácter público y más formal. El oficialismo, que ostenta mayoría simple en la cámara baja y también en la comisión de Comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político, donde fue a parar el proyecto, bloqueó esa posibilidad mandando a archivo la iniciativa.
Como era de esperar, los legisladores opositores pusieron el grito en el cielo, criticaron la dictadura de los números a los que apeló el oficialismo y amenazaron con presentar una denuncia, para que el ministro dé en la Fiscalía Penal las explicaciones que no le dejaron dar en la sala de sesiones de la Legislatura.
Hoy también, como en el 2001, los oficialistas arman tapaderas y los opositores se escandalizan. Pero los roles se intercambiaron.
Tal vez los diputados del Frente de Todos crean que fue un triunfo político el archivo del pedido de interpelación. Omiten profundizar la reflexión acerca de lo que piensa la ciudadanía en general respecto de este tipo de maniobras elusivas que, en realidad, dañan más que protegen al gobierno al que responden. Si Niederle no tiene nada que ocultar, pues que vaya al recinto y dé las explicaciones del caso. El oficialismo saldrá fortalecido. Y si el ministro cometió irregularidades, entonces que salgan a la luz porque el propio Frente de Todos propició el intercambio y no porque se constaten después, por una investigación periodística o en sede judicial. Un funcionario que hace un mal uso de los recursos públicos, para beneficio personal o de terceros, es un mal funcionario. De modo que protegerlo es un gesto que resta, más que sumar.
Los legisladores de Juntos por el Cambio, por su parte, sobreactuaron la indignación por el recurso oficial de las contrataciones directas y la promoción de proveedores privilegiados, mecanismos a los que suelen apelar, en menor o mayor medida, todas las gestiones de gobierno, para direccionar convenientemente los fondos destinados a compras o ejecución de obras públicas. Deberían recordar, los ahora escandalizados opositores que tienen como antecedente la militancia en las filas del desaparecido Frente Cívico y Social, que una de las causas por corrupción más emblemáticas de lo que va del siglo es la denominada popularmente “el negocio del hambre”, que consistió en una maniobra para elevar el monto máximo para las compras directas en la Subsecretaría de Acción Social. Maniobra que se ejecutó a través de un decreto firmado en 2001 por el entonces gobernador Oscar Castillo, exceptuando además al organismo de cumplir con las disposiciones administrativas tendientes a obstaculizar operaciones de desdoblamiento de contrataciones para eludir los topes.
Han pasado más de dos décadas y la causa aún no llegó a juicio. En aquella época, los que armaban la tapadera eran los oficialistas y los opositores los que se escandalizaban. Como hoy, con la única diferencia que los roles se han intercambiado.
