La Corte le rechazó otra casación
El diputado del MID dijo que podría haber negociaciones de cara a las tres sesiones ordinarias que quedan.
Con un nuevo revés judicial encima, el diputado Javier Galán (MID) planteó que el oficialismo tiene algún tipo de «urgencia» por «sacarlo de la cancha», y pidió a la gente que esté «atenta a las negociaciones» porque podrían desaforarlo antes de que termine el período ordinario de sesiones.
«Si finalmente llega a la Cámara de Diputados un pedido de desafuero en mi contra, hay algo que la sociedad tiene que saber. La Cámara está integrada por 41 diputados. Para alcanzar los 27 votos que requiere el procedimiento, el oficialismo necesita reunir una mayoría que hoy no tiene. Actualmente cuenta con 22 diputados propios y un voto más de una diputada que llegó a ocupar una banca trabajando políticamente conmigo y que hoy está alineada con el oficialismo», dijo en alusión a Sonia Nabarro, de Fuerza Catamarca.
«Están contra reloj. Quedan solamente tres sesiones antes de que termine el período ordinario: la de mañana y dos más. ¿Entienden ahora la urgencia? Quiero que la gente entienda cómo se mueve la política puertas adentro. Porque conseguir cuatro votos no siempre significa convencer a alguien con argumentos, en la política también existen las negociaciones, los ofrecimientos, los cargos y los acuerdos. No voy a afirmar que alguien recibió una oferta o vendió su voto sin pruebas, pero quiero que los catamarqueños estén atentos a cada movimiento, a cada negociación y a cada decisión», lanzó el diputado.
Ayer, la Sala Penal de la Corte le declaró formalmente inadmisible el recurso de casación que había presentado contra una resolución de la Cámara de Apelaciones en la causa iniciada por su exempleado, Iván Luna Avellaneda, por amenazas, exacciones ilegales y peculado de servicio. Es el segundo recurso de casación que le rechazan con los mismos argumentos: antes, el de la causa por abuso sexual.
La Cámara de Apelaciones había resuelto parcialmente un recurso presentado por la defensa y modificado una decisión anterior del Juzgado de Control de Garantías nº4 a cargo de Marcelo Sago, vinculada con la solicitud de desafuero del legislador. En esa resolución, Apelaciones dejó sin efecto el pedido de desafuero respecto de la investigación de los presuntos delitos de amenazas calificadas por el uso de armas y exacciones ilegales. Sin embargo, confirmó parcialmente la solicitud de desafuero para posibilitar su sometimiento a proceso penal en relación con la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios. Frente a esa resolución, Galán interpuso un recurso de casación ante la Corte de Justicia, invocando una supuesta inobservancia y errónea aplicación de la ley.
La Sala Penal recordó que la casación procede «contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al proceso, impidan su continuación o produzcan alguno de los restantes efectos expresamente contemplados por la norma». En este sentido, consideraron que «la confirmación parcial del pedido de desafuero por la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios no constituye una decisión definitiva, ya que no pone fin a la discusión sobre esa cuestión; ysu eventual procedencia se encuentra supeditada a la decisión que adopte la Legislatura de la Provincia».
Señalaron que «la continuidad de una investigación penal no convierte, por sí misma, a una resolución en equiparable a una sentencia definitiva». «Para admitir esa excepción, quien recurre debe demostrar la existencia de un perjuicio concreto, actual y de imposible o difícil reparación ulterior», agregaron. La Corte entendió que la defensa se había limitado a invocar la posible afectación de garantías, sin explicar de qué manera concreta la decisión cuestionada ocasionaba un perjuicio.
La Corte aclaró que esta decisión «no representa un pronunciamiento sobre la existencia de los delitos investigados ni sobre la responsabilidad penal del legislador». «Tampoco supone que se haya dispuesto su desafuero. Respecto de la investigación por el presunto delito de peculado de trabajos o servicios, la solicitud continúa sujeta a la decisión que corresponda adoptar a la Legislatura provincial, conforme a lo señalado en la resolución de la Cámara de Apelaciones», remarcaron.
