Por la redacción
A pesar de los discursos que prometían un recorte drástico al suspender las primarias, los datos muestran que el costo de votar casi no se movió. ¿Dónde quedó verdaderamente la tijera de la austeridad?
Entre quienes se oponen fervientemente a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el argumento recurrente es casi una consigna popular: se las tilda de “una encuesta cara”, “un gasto innecesario” y un derroche de dinero inaceptable para los tiempos que corren. Sin embargo, en el umbral de una nueva discusión por la Reforma Electoral —que vuelve a poner la eliminación definitiva de las primarias en el centro del debate—, esos postulados chocan de frente con la realidad de los números.
Un reciente informe de la Fundación Éforo echó luz sobre la controversia y dejó al descubierto un dato revelador: la suspensión de las PASO en 2025 no produjo la reducción del gasto electoral que se esperaba al eliminar una jornada entera del calendario nacional. Durante las últimas elecciones legislativas, el Estado destinó $468.083 millones a los partidos políticos y a la logística electoral; esto representa apenas un 3% menos que en 2021, un año en el que, paradójicamente, sí se realizaron dos jornadas de votación.
Una logística inflada y costos en ascenso
El dato adquiere una gravedad aún mayor cuando se considera que en 2025 hubo un único despliegue territorial en todo el país. Medido a precios constantes de 2025, el costo de votar se mantuvo en niveles astronómicos, muy por encima de la era previa a la creación de las primarias: en las legislativas de 2009 —las últimas antes de la implementación de las PASO—, el costo había alcanzado los $296.967 millones. En términos concretos, la elección de medio término de 2025 resultó ser un 58% más cara que la de 2009.
¿Cómo se explica esta rigidez presupuestaria si se votó una sola vez? El principal nudo del problema está en los servicios logísticos.
El servicio prestado por el Correo Argentino demandó $225.113 millones en 2025, marcando el valor más alto de toda la serie histórica analizada por Éforo.
Este número supera incluso a los años en los que hubo hasta tres despliegues nacionales en un mismo calendario.
Para ponerlo en perspectiva: en las presidenciales con balotaje de 2015 y 2023, la logística había promediado $190.797 millones; mientras que en las legislativas con PASO de 2017 y 2021, el promedio rondaba los $183.687 millones. Lo preocupante de la situación —tal como advierte el informe— es que la información pública disponible no permite desglosar con detalle los conceptos de gasto en rubros clave como las transferencias directas y los contratos de transporte.
Dónde se ahorró y cómo evolucionó la caja electoral
Hay que reconocer que la suspensión de las primarias sí generó un alivio, pero acotado a un nicho específico: las transferencias a agrupaciones (que incluyen la impresión de boletas, el operativo de seguridad y los aportes extraordinarios de campaña) cayeron $129.652 millones respecto de 2023. Sin embargo, ese ahorro quedó completamente anulado por el desmedido incremento de la logística.
El recorrido histórico reconstruido por la Fundación Éforo para el periodo 2007–2026 identifica tres grandes factores que disparan la factura de la democracia:
La llegada de las PASO (2009): elevó de forma permanente el piso de gasto en los años electorales.
El número de despliegues: la cantidad de fechas que requiere cada proceso.
El efecto balotaje: las segundas vueltas presidenciales disparan el costo total ($667.543 millones en 2015 y $574.132 millones en 2023, versus los $445.012 millones de 2019 cuando se resolvió en primera ronda).
El verdadero debate pendiente
Mientras los costos operativos se dispararon, ocurrió el fenómeno inverso con el financiamiento institucional diario de la política. El Fondo Partidario Permanente (destinado al funcionamiento ordinario de los partidos) sufrió un desmantelamiento drástico: pasó de $34.999 millones en 2015 a insignificantes $402 millones en 2025 (con apenas $354 millones previstos para 2026). Hoy representa menos del 0,1% del presupuesto total de las elecciones.
Esta radiografía nos obliga a reencauzar la discusión pública. Eliminar instancias de participación ciudadana bajo la bandera del ahorro fiscal ha demostrado ser una falsa solución si no se audita la caja negra de la logística electoral. Más que suprimir el derecho a elegir candidatos, la verdadera reforma debería poner el foco en transparente las contrataciones y desarticular los negociados de los pícaros que florecen en cada proceso electoral. Allí, y no en las urnas, es donde está la verdadera pérdida de recursos del Estado.
