Eliminación de los subsidios energéticos
El intendente salió al cruce de las críticas de la oposición sobre el cobro del alumbrado público en la factura de EC SAPEM.
El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, salió al cruce de los planteos opositores sobre un presunto doble cobro del alumbrado público entre el municipio y la empresa EC SAPEM y sostuvo que el monto de la tasa es exactamente el mismo, sin importar cuál de los dos organismos lo perciba. Las declaraciones se dieron en el marco de una actividad de forestación realizada por el Día Nacional del Árbol, sobre el Canal de Choya, en la intersección de avenida México y Virgen del Valle. «No hay un doble cobro, no es que cobra el municipio y cobra la EC SAPEM», afirmó y explicó que si la comuna asumiera esa recaudación debería incorporar personal nuevo, lo que implicaría «un acto mayor de burocracia» y un gasto adicional.
Según el jefe comunal, el cobro directo por parte de la distribuidora funciona además como una garantía de la empresa para asegurarse la percepción del alumbrado público. Ante las críticas de la oposición, remarcó que trasladar esa recaudación al municipio no representaría una solución para los vecinos ni implicaría un ahorro en sus boletas, sino una reingeniería administrativa con más costo. «Si creen que la solución a la merma de la luz es que cobre la municipalidad y que cobre la EC SAPEM, no viene por ahí», planteó y agregó que «por ahí desconocen cómo se maneja» el sistema de recaudación.
Recorte nacional
Saadi situó el origen del encarecimiento tarifario en una decisión ajena a la órbita municipal. «El gran problema del aumento de la luz es porque han eliminado los subsidios energéticos del gobierno nacional, esto hay que decirlo con claridad», sostuvo y recordó que el gobernador Raúl Jalil anunció recientemente subsidios provinciales, con recursos propios, para hacerse cargo de esa quita dispuesta por la Casa Rosada.
El intendente extendió el planteo a otras áreas en las que, según describió, la provincia y el municipio debieron absorber responsabilidades que antes correspondían a la Nación. Mencionó el mantenimiento de rutas nacionales, la cobertura de medicamentos y atenciones médicas que el PAMI dejó de garantizar y la asistencia a personas con discapacidad a las que, dijo, «le han quitado la pensión arbitraria e injustamente». Sumó también el FONID para los docentes y la continuidad de obra pública paralizada por decisión nacional. «El gobierno y el municipio se hacen cargo del FONID para los docentes que tenía que hacerse cargo la Nación. La provincia y el municipio se hacen cargo de la obra pública paralizada por la Nación», enumeró, en un repaso que trasladó a la Nación el origen de esos gastos.
Tasas, no impuestos
El intendente también buscó despejar una confusión conceptual que, a su entender, atraviesa buena parte del reclamo opositor, y remarcó que lo que percibe el municipio no son impuestos sino tasas, en tanto constituyen la contraprestación de un servicio concreto y no una carga tributaria general. Citó como ejemplo la tasa de higiene y seguridad, vinculada a la recolección diaria de residuos en toda la ciudad y sostuvo que, pese a los cuestionamientos, las tasas municipales catamarqueñas figuran entre las más bajas de todo el país.
En ese marco, describió el orden de prioridades con el que, según su lectura, los vecinos afrontan sus pagos mensuales frente a un contexto económico ajustado: primero la energía, la comida y los medicamentos; luego el agua y otros servicios «porque si no le cortan»; y recién al final, si el ingreso alcanza, las tasas municipales. «No es que no haya voluntad de pago, pero hoy no les alcanza», planteó y agregó que desde la gestión comunal se realiza «un esfuerzo enorme» para sostener la prestación de servicios pese a esa merma en la recaudación.
Saadi volvió sobre el punto central de su respuesta a la oposición: lo que percibe la EC SAPEM corresponde pura y exclusivamente al alumbrado público y, si esa empresa dejara de cobrarlo, sería el propio municipio el que debería hacerlo para luego transferir esos fondos a la distribuidora. «Es lo mismo, no es que la gente vaya a pagar menos», subrayó, antes de insistir en que el cambio de esquema propuesto por la oposición no traería ningún alivio real a las boletas de los vecinos de la Capital.
El titular del Ejecutivo municipal enmarcó la suba de la luz dentro de lo que definió como el «sinceramiento de los precios relativos» impulsado por el gobierno nacional, en referencia a la eliminación gradual de subsidios que durante años mantuvieron artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos en todo el país. Antes de cerrar su exposición sobre el tema, agradeció públicamente el tiempo de la prensa allí presente en el acto.
La gestión municipal, remarcó, avanza en paralelo con inversiones orientadas a reducir el costo energético propio. En ese sentido, destacó el uso creciente de paneles solares como fuente alternativa de generación y recordó que la capital fue la primera ciudad del interior del país en alcanzar el 100% de su alumbrado público con tecnología LED, una transición que, según explicó, permite un ahorro significativo en el consumo eléctrico municipal y contribuye a moderar el impacto de los sucesivos aumentos tarifarios.
La oposición profundizó las críticas
Legisladores de la oposición sumaron distintos planteos al debate por el costo de la energía que se instaló días atrás.
El diputado provincial Francisco Monti (LLA) presentó un proyecto de ley para eliminar los convenios entre EC SAPEM y los municipios que habilitan cobrar tasas municipales y provinciales por la boleta eléctrica. Sostuvo que esos componentes superan el 25% del costo total y calificó al Estado provincial de «socio del aumento del precio de la factura». Aclaró, de todos modos, que la medida no ataca la potestad tributaria municipal, sino la vía de cobro elegida.
En un comunicado, el diputado provincial Carlos Aibar Quintar (LLA) defendió el esquema de «sinceramiento» tarifario impulsado por la Nación, atribuyó el congelamiento previo de las tarifas a gestiones pasadas y sostuvo que mantenerlas artificialmente bajas termina por trasladar el costo a la inflación o al deterioro del servicio: «El costo real siempre lo termina pagando alguien», resumió. Sumó un pedido puntual: auditar la facturación de cada medidor eléctrico catamarqueño.
El diputado provincial Tiago Puente (GENERAR), por su parte, retomó un proyecto propio para subsidiar hasta el 50% del componente provincial de la tarifa (VAD) a usuarios residenciales de bajos recursos, comercios y pymes, un alivio que según remarcó, alcanzaría a más de la mitad de los hogares provinciales. Cuestionó que este tipo de iniciativas opositoras no reciba acompañamiento: «Cada vez que esta oposición propone algo parece que desde el gobierno provincial hay una especie de no ver, de no escuchar», planteó.
