La causa judicial que investiga la presunta emisión y circulación de títulos apócrifos en el Instituto Clara J. Armstrong continúa sumando ribetes de enorme gravedad institucional.
En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, el secretario general del Sindicato de Docentes de Catamarca SIDCA,. Sergio Guillamondegui, confirmó que avanzan en la presentación para constituirse como parte querellante en la causa y advirtió sobre la dimensión del entramado, que podría trascender la jurisdicción local. Uno de los ejes centrales gira en torno al alcance legal de las maniobras denunciadas, ya que no se trataría únicamente de una usurpación de títulos o falsificación de alcance provincial, sino de una estructura con implicancias nacionales.
“Podría existir un delito que sea de la órbita federal, porque hay títulos que fueron legalizados por registro de título, y a su vez, al ser legalizados, se asentaron en la base de datos de registro de títulos digitales, de manera digital”. Al haberse cargado en la base nacional, los instrumentos adquieren validez jurídica en todo el país, lo que demanda definir si la causa debe ser absorbida por la Justicia Federal o continuar en el fuero provincial. Respecto a los pasos a seguir en los tribunales, remarcó: “Estamos analizando en la presentación de querellante y de ahí el tema, o si lo va a absorber la Justicia Provincial”.
A partir del acceso a un listado detallado en las actuaciones judiciales, la querella detectó un patrón que sugiere un accionar organizado fuera de los límites de Catamarca. De un grupo inicial de 39 personas bajo investigación, aproximadamente entre 11 y 12 figuraban con domicilios registrados en localidades de la provincia de Tucumán, como Río Chico.
Para la representación legal de SIDCA, este dato constituye un indicio clave sobre la existencia de una red o “banda” con intermediarios que facilitaba la venta de certificaciones de maestro de grado, geografía, ciencia política y nivel inicial a personas de otras provincias para permitirles sumar puntaje e inscribirse en juntas clasificadoras tucumanas.
Guillamondegui explicó que a partir de las reformas implementadas en 2023 con la creación del registro digital, una vez que el documento apócrifo ingresaba a la base de datos nacional, desaparecía la necesidad de presentar validaciones físicas presenciales, apostillados o sellados adicionales ante las juntas de otras provincias. Bastaba con el escaneo del registro digital para consumar el trámite, lo que facilitó la propagación del fraude de manera irrestricta.
El caso no solo compromete a docentes en actividad que utilizaban estos cartones para elevar su puntaje en los padrones, sino que también salpica a agentes municipales y efectivos policiales. Guillamondegui lamentó el impacto reputacional sobre una institución centenaria como el Clara J. Armstrong, así como el perjuicio directo que sufren los estudiantes legítimos, quienes enfrentan demoras de años en la entrega de sus diplomas o inconvenientes derivados de irregularidades históricas en los libros matrices.
El gremialista instó al Ministerio de Educación y al Gobierno Provincial a que no se limite a investigar los cerca de 40 casos correspondientes a 2024, sino que extienda las auditorías a períodos anteriores y posteriores (2025 y 2026) y subrayó la urgente necesidad de implementar un libro matriz digital unificado desde la Dirección de Nivel Superior y de establecer protocolos estrictos de fiabilidad en la emisión de certificados analíticos probatorios. En ese sentido, enfatizó que la exigencia de transparencia es colectiva: “No es sólo de SIDCA, sino de todos los gremios, de todos los que integran la comunidad educativa, a ver qué medida toma el Estado para hacer las auditorías”.
