TUVO DENUNCIAS PREVIAS
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) avanza con una investigación preliminar a raíz de una denuncia contra Generación Zoe, el “holding” que quedó en la mira del Gobierno argentino –y también del paraguayo– debido a los altos rendimientos que ofrece en dólares. Pese a la feria judicial, el organismo antilavado argentino pidió una serie de medidas de prueba al Banco Central, a la CNV y a la AFIP para certificar los datos que figuran en la denuncia.
La investigación preliminar (IP) comenzó a comienzos de enero a partir de una presentación de la Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados, una de principales difusoras de la criptomoneda y el ecosistema cripto en el país. “Desde nuestra área de legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables. Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado“, dijo la ONG en ese momento.
“Ya se pidieron las primeras medidas para chequear datos y profundizar la denuncia. Si no alcanzan esos datos, se pedirán nuevas medidas”, explicó una fuente judicial. Las respuestas de los organismos de control ya comenzaron a llegar a la PROCELAC, el organismo a cargo de los fiscales Mario Villar y María Laura Roteta. Aunque tienen un plazo de 60 días, prorrogable por otros 60 días, se prevé que haya novedades a mediados de febrero.
Si se confirman los datos iniciales, la PROCELAC podría avanzar con una denuncia penal.
En octubre pasado, en base a una serie de denuncias anónimas, la CNV intimó a Leonardo Cositorto, a Generación Zoe S.A. y a Universidad del Trading S.A. a cesar en forma inmediata “toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública”.
