Editorial
La seguridad social argentina enfrenta una amenaza de enorme magnitud. Mientras el debate público suele concentrarse en el monto de las jubilaciones o en la fórmula de actualización de los haberes, existe un problema estructural que compromete la viabilidad misma del sistema: la persistente reducción del empleo formal y, en consecuencia, de quienes sostienen con sus aportes el régimen previsional.
Según los datos oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la cantidad de aportantes al sistema previsional disminuyó en 38.532 personas. En ese mismo período, 140.659 trabajadores en relación de dependencia perdieron su empleo. Más preocupante aún es que esta caída no responde a una disminución de la actividad laboral, sino a una transformación de su composición. Mientras el empleo asalariado registrado retrocede, crecen modalidades de inserción laboral considerablemente más precarias. El monotributo incorporó 71.514 nuevos aportantes durante el último año y el régimen de casas particulares sumó otras 29.923 personas.
Cuando disminuye el empleo registrado, el sistema previsional pierde recursos genuinos para afrontar el pago de los haberes jubilatorios presentes y futuros.
Esta migración hacia esquemas con menores niveles de protección social y menores contribuciones previsionales tiene un doble efecto negativo. Por un lado, deteriora las condiciones laborales de miles de argentinos, que pasan a desempeñarse con menores derechos y mayor incertidumbre. Por otro, profundiza el desfinanciamiento del sistema previsional, ya que los aportes efectuados por un trabajador asalariado son significativamente superiores a los realizados por un monotributista.
Conviene recordar que las jubilaciones se financian con los aportes y contribuciones que realizan los trabajadores activos y sus empleadores. Cuando disminuye el empleo registrado, el sistema pierde recursos genuinos para afrontar el pago de los haberes presentes y futuros.
Los indicadores oficiales reflejan con claridad esa tendencia. En mayo de 2023, el 28,2% de la población total efectuaba aportes a la Seguridad Social por su actividad laboral. Tres años después, esa proporción cayó al 26,9%. Detrás de esa aparente reducción de apenas 1,3 puntos porcentuales se esconde un fenómeno de enorme trascendencia económica y social.
Si se considera que la población ocupada del país ronda actualmente los 22 millones de personas, puede estimarse que cerca de 9,5 millones trabajan en la informalidad, al margen del sistema previsional y sin acceso pleno a cobertura de salud ni a los seguros por accidentes y riesgos del trabajo. Lo más inquietante es que no existen señales de una pronta reversión. Por el contrario, todos los pronósticos anticipan que el deterioro podría profundizarse como consecuencia de las cesantías previstas en el sector público y del cierre de empresas en el ámbito privado. De confirmarse esas proyecciones, la base de financiamiento de la seguridad social continuará reduciéndose, mientras aumentan las obligaciones que el sistema debe afrontar en una sociedad con creciente envejecimiento demográfico.
Revertir esta tendencia constituye una prioridad impostergable. Se necesitan políticas activas que promuevan la creación de empleo registrado de calidad, incentiven la inversión productiva y desalienten la expansión de la informalidad y de las modalidades laborales más precarias.
