Editorial
La reforma propuesta por el Ejecutivo Nacional genera alarma entre expertos y organismos de derechos humanos al flexibilizar las internaciones involuntarias y habilitar nuevamente los centros monovalentes.
La salud mental en Argentina se encuentra en un punto de quiebre. Tras 14 años de vigencia de la Ley Nacional 26.657, una normativa nacida del consenso científico y la lucha por los derechos humanos, el nuevo proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo ha encendido las alarmas. La propuesta sugiere un giro radical: abandonar el paradigma de inclusión comunitaria para regresar a un modelo de aislamiento y encierro.
El fin del «riesgo cierto e inminente»
Uno de los pilares más cuestionados de la reforma es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. Actualmente, la ley solo permite este recurso extremo ante un «riesgo cierto e inminente» para el paciente o para terceros.
La nueva redacción busca diluir esta protección jurídica. Según advierten especialistas, esto transformaría la psiquiatría en una herramienta de control social, donde la internación pasaría de ser el último recurso terapéutico a ser la primera respuesta ante conductas consideradas «molestas» o «diferentes».
El regreso de los muros
El proyecto también propone eliminar la prohibición de crear nuevos centros monovalentes (manicomios). Este punto es señalado como el retroceso más simbólico y doloroso de la reforma.
«Los muros del manicomio históricamente no han servido para curar, sino para invisibilizar la pobreza y el desamparo», destaca el análisis editorial sobre la medida.
Al fomentar nuevamente las instituciones cerradas, el Estado parece admitir su incapacidad para financiar dispositivos intermedios eficaces, tales como:
Casas de convivencia.
Centros de día.
Hospitales de noche.
El poder en manos de pocos
Otro cambio estructural radica en la toma de decisiones. Mientras que la ley actual promueve un abordaje interdisciplinario (donde intervienen psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales), la reforma pretende devolver la omnipotencia al médico psiquiatra y al juez. Este enfoque ignora que el padecimiento mental es un fenómeno complejo atravesado por factores sociales y económicos, y no solo una variable biológica.
Un conflicto internacional y presupuestario
Argentina se encuentra bajo la lupa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un compromiso internacional que obliga al país a promover la vida en comunidad. La reforma, al priorizar el encierro, no solo contradice estos tratados, sino que expone a la nación a sanciones internacionales.
Finalmente, el debate pone sobre la mesa una verdad incómoda: el problema de la Ley 26.657 nunca fue su diseño, sino su desfinanciamiento. A pesar de que la norma exige un presupuesto del 10% para el área, dicho porcentaje jamás se cumplió. En lugar de invertir en salud, el proyecto actual propone «simplificar» el sistema mediante el encierro, una vía que se perfila como más costosa, menos efectiva y profundamente inhumana.
