Pensiones por discapacidad
La diputada Quintero y la exlegisladora Carrizo se sumaron a las críticas contra el Defensor del Pueblo por promover una acción judicial que el tribunal declaró improcedente.
La decisión de la Cámara Federal de Tucumán de revocar el fallo del juez federal Guillermo Díaz Martínez sobre las pensiones por discapacidad siguió generando repercusiones y ahora las críticas opositoras apuntan al titular de la Defensoría del Pueblo local, Dalmacio Mera. A las declaraciones que ya había formulado la titular de la regional NOA de ANSES, Myrian Juárez, y el diputado nacional Adrián Brizuela, ambos de La Libertad Avanza, se sumaron las de la diputada provincial Laura Quintero (LLA) y la exdiputada Silvana Carrizo, quien integraba el bloque Generación del Cambio. Las dos apuntaron contra Mera, al que señalaron como el “responsable político” de una acción judicial que el tribunal de alzada declaró improcedente por carecer del sustento jurídico necesario.
«Durante años usaron las pensiones por discapacidad como caja política. Las repartieron sin controles y con fines electorales. Usaron la necesidad y la vulnerabilidad de la gente para perpetuarse en el poder. Así dejaron un sistema desordenado, desfinanciado y pusieron en riesgo el beneficio de quienes realmente tienen una discapacidad», sostuvo Quintero.
En ese marco, apuntó contra el Defensor del Pueblo, al afirmar que «Dalmacio Mera hizo incluso lo que no le correspondía para sostener ese esquema”. Es así que afirmó que “se excedió en sus facultades e intervino donde no debía, pero en muchos otros temas donde la gente sí necesita defensa, guarda silencio. Una selectividad que no es casual, es política».
Las críticas también recayeron sobre la actuación del juez de primera instancia al afirmar que Díaz Martínez acompañó la postura de Mera “avalando un planteo sin competencia y sin análisis individual. Actuaron políticamente, no jurídicamente y quedaron expuestos».
«¿Queremos un sistema con control y transparencia para que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan, o queremos volver al modelo clientelista que usó este beneficio para comprar votos?», se preguntó la diputada.
Con un tono más técnico pero igual de crítico contra la Defensoría, Carrizo sostuvo que «la función de instituciones como la Defensoría del Pueblo no es judicializar debates ideológicos ni promover acciones simbólicas, sino garantizar soluciones reales y efectivas para las personas, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad».
Carrizo advirtió además sobre lo que considera un uso indebido de causas vinculadas a personas con discapacidad. «No se puede utilizar a sectores vulnerables para construir discursos o campañas. La responsabilidad institucional exige rigor técnico, seriedad y resultados concretos», afirmó. Y apuntó que cuando quienes ejercen responsabilidades institucionales «confunden militancia política con estrategia jurídica, el resultado termina siendo previsible: acciones judiciales declaradas improcedentes y derechos que quedan sin protección efectiva.»
La exdiputada cerró con una referencia a sus objeciones previas a la designación de Mera al frente de la Defensoría y sostuvo que el fallo de la Cámara las confirma: «Las instituciones deben estar al servicio de soluciones reales y no de estrategias ideológicas que terminan perjudicando a quienes dicen defender.»
La Cámara Federal, integrada por los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Mario Sanjuan y Marina Cossio, había determinado que el amparo promovido por la Defensoría del Pueblo de Catamarca no reunía los requisitos exigidos para las acciones colectivas. El argumento central fue la ausencia de homogeneidad fáctica: el tribunal concluyó que no existía un único hecho generador del daño para todo el colectivo, que cada situación debía analizarse de manera individual y que en algunos casos la suspensión del beneficio había sido correcta, en otros preventiva y en otros ni siquiera había sido debidamente notificada. Además, la Cámara determinó que la Defensoría del Pueblo de Catamarca carecía de legitimación para actuar contra un organismo nacional como la ANDIS.
