Opinión
Por Rodrigo Morabito.
En la Argentina actual, el debate sobre la baja de la edad de punibilidad se ha construido más sobre percepciones, casos aislados y climas de época que sobre evidencia empírica seria. Cuando el derecho penal se legisla desde el miedo y no desde los datos, el resultado no es más seguridad, sino más injusticia. Y pocas discusiones lo demuestran con tanta claridad como la que hoy se da en torno al régimen penal juvenil.
Las cifras oficiales son contundentes. Según la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2017 y 2024 cinco provincias argentinas no registraron un solo homicidio doloso cometido por menores de 14 años: Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego. No se trata de una baja incidencia ni de una excepción estadística: se trata de la ausencia total de hechos de extrema violencia cometidos por niños no punibles durante ocho años completos.
Catamarca ocupa un lugar central en este análisis. No solo integra ese grupo de provincias sin homicidios cometidos por niños menores de 14 años, sino que además los registros judiciales disponibles —incluida la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— confirman que el homicidio doloso juvenil es estadísticamente nulo en la provincia. Durante 2024, el sistema de justicia penal juvenil intervino en 253 causas, en su mayoría vinculadas a delitos contra la propiedad, seguidas por delitos contra la integridad sexual, causas en investigación y, recién en cuarto lugar, delitos contra las personas. Solo tres adolescentes estuvieron privados de libertad, de manera excepcional y durante la etapa de investigación. Estos números describen un sistema de intervención acotada, de uso excepcional del encierro y compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Catamarca demuestra, con datos y no con discursos, que no hace falta bajar la edad de punibilidad para garantizar seguridad.
A nivel nacional, el panorama refuerza esta conclusión. Entre 2017 y 2024 se registraron 118 homicidios dolosos cometidos por menores de 14 años en todo el país. En términos concretos, esto equivale a un homicidio cada 24 o 25 días en la Argentina entera. Pretender que esta cifra explique la violencia estructural o justifique una reforma punitiva de semejante alcance resulta, como mínimo, una distorsión interesada de la realidad.
Incluso cuando se amplía el foco a la franja de 15 a 19 años —donde se contabilizan 2.110 homicidios en el mismo período— el debate continúa siendo engañoso. Esa categoría mezcla realidades jurídicas distintas: a partir de los 18 años rige plenamente el derecho penal adulto y no el sistema de justicia penal adolescente. Una porción significativa de esos homicidios corresponde, en realidad, a personas ya imputables como adultos. La consecuencia es clara: se sobredimensiona la participación adolescente en la violencia letal y se traslada al sistema penal juvenil una responsabilidad que no le pertenece.
Pero el dato más revelador de esta discusión no está solo en las estadísticas criminales, sino en el presupuesto. La información presupuestaria fue recabada por investigadores integrantes de la Mesa de Articulación de Organizaciones vinculadas con la Niñez y la Adolescencia, a partir de comparaciones realizadas sobre el presupuesto nacional 2025 y elaboradas sobre datos oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto del Congreso y el monitoreo de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De ese análisis surge que el proyecto de baja de la edad de punibilidad destina 23 mil millones de pesos al sistema de castigo penal juvenil.
Ese monto no es neutro ni anecdótico. Representa el doble de lo ejecutado para el mejoramiento de la calidad educativa, el doble de lo destinado al fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, siete veces más que el Plan Nacional de Primera Infancia, el equivalente a todo un año de acciones de promoción y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y exactamente el mismo monto que fue recortado a las becas estudiantiles destinadas a garantizar la terminalidad educativa de adolescentes. Multiplica, además, por veintidós lo invertido en infraestructura social, del cuidado y sanitaria, y se aproxima peligrosamente a partidas esenciales del sistema de salud pública. El mensaje es inequívoco: el Estado invierte más en castigar que en educar, más en encerrar que en prevenir, más en disciplinar que en garantizar derechos.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse por qué algunos legisladores de provincias donde no hubo homicidios cometidos por niños no punibles durante ocho años acompañaron una reforma de estas características. La respuesta no está en la evidencia empírica ni en las realidades territoriales, sino en la lógica política. La baja de la edad de punibilidad produce rédito simbólico inmediato, alimenta discursos de mano dura y ofrece una respuesta simple —aunque falsa— a problemas complejos. Las políticas de infancia no dan votos rápidos; el castigo, sí. Se legisla así para tranquilizar temores, no para resolver conflictos.
En definitiva, los datos públicos muestran algo incómodo pero ineludible: los niños no son el problema, pero se los convierte en el blanco. Se recortan políticas de cuidado, educación y protección, mientras se financia un sistema penal ampliado que los propios números oficiales no justifican. Catamarca vuelve a ser el ejemplo más claro de esta paradoja: sin homicidios cometidos por niños no punibles, con encierro excepcional y con un sistema compatible con los estándares de derechos humanos, la seguridad se construye garantizando derechos y no bajando edades. Cuando el Estado elige castigar antes que cuidar, no protege a la sociedad; cuando la política elige votos antes que derechos, la infancia paga el costo.
Nota – Fuentes de datos: información derivada de investigaciones de la Mesa de Articulación de Organizaciones vinculadas con la Niñez y la Adolescencia; Dirección Nacional de Estadística Criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación (2017–2024); Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, Corte Suprema de Justicia de la Nación; datos del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Provincia de Catamarca (2024); elaboración sobre datos oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto del Congreso y el monitoreo de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; Presupuesto Nacional 2025.
