Esperan lograr un amplio consenso en el Senado
El oficialismo confía en que la Reforma Laboral ahora se aprobará con un buen margen. Implica un alivio para las provincias.
El oficialismo y la oposición dialoguista lograron un acuerdo para destrabar el proyecto de reforma laboral, que logrará hoy media sanción y confían que con amplio margen. Lo hicieron con cambios al dictamen de mayoría que el bloque libertario sacó en diciembre: el Gobierno Nacional cedió en la pelea por Ganancias y mantendrá los descuentos de los sindicatos, entre otros puntos. Con las concesiones que aceptó el Gobierno, esperan lograr hoy un amplio respaldo desde las 11 para aprobar el proyecto y girarlo cuanto antes a Diputados.
Como primera medida, se elimina el artículo 190 del dictamen, que hablaba de una baja en Ganancias a grandes empresas de 30% a 27%. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada. Sin embargo, el punto generó una rápida reacción de los gobernadores, ya que el impuesto a las Ganancias es uno de los tributos coparticipables. Esto implica que una baja en la recaudación impacta directamente en los ingresos que reciben las provincias: se calcularon 1,7 billones de pesos.
Desde la Casa Rosada argumentaban que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaería en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advirtieron que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara y que afectaba recursos clave para financiar gastos corrientes.
Ante la falta de apoyo, el Gobierno optó por eliminar el artículo del dictamen final. La decisión se enmarcó en una negociación más amplia que incluyó conversaciones con gobernadores, senadores y bloques aliados, con el objetivo de asegurar el tratamiento de la reforma en el Senado.
Sí quedó la “contribución a cargo del empleador equivalente al 6% de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia» en la ley de obras sociales. Se quería bajar al 5%. Sí se aclara que la “Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”. Se eliminó el artículo 137, que imponía que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes».
El borrador final indica, en el artículo 91, de una “Justicia Nacional del Trabajo” que “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Esto mismo ingresó durante la mañana de ayer a la Cámara alta.
“Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva reorganización o transformación de la Justicia Nacional del Trabajo conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos. En ningún caso el acuerdo podrá versar sobre materias laborales de competencia federal, que permanecerán bajo la jurisdicción de la Justicia federal”, expresa el despacho.
Acuerdo con la CGT por los aportes
La reforma no tendrá los aspectos más rechazados por los gremios vinculados al financiamiento de los sindicatos y las obras sociales. El oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo por dos años el aporte solidario a los gremios, pero con un tope del 2% y se fijó que luego de ese plazo todos los aportes serán voluntarios.
Los bloques aliados no estaban de acuerdo con ir a fondo en la pelea contra la CGT y los principales dirigentes de la central obrera ya sabían que iban a atenuarse los aspectos que más preocupaban a los sindicalistas. Otro tema que preocupaba a los sindicatos es la recaudación de las obras sociales y allí se dispuso que mantendrán el 6%, en lugar del 5%, para no desfinanciar esos organismos que atienden la salud de los afiliados de cada gremio.
En ese sentido, el artículo vinculado a las obras sociales establecerá que quedará a cargo de los empleadores el aporte equivalente al 6% de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, en lugar del 5% que proponía el proyecto del Gobierno. También fija que la “Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”.
