Opinión
Por Rodrigo Morabito.
Este crimen duele. Conmueve. Indigna. Y está bien que así sea. Pero justamente por eso no puede ser usado. No puede transformarse en mercancía política, en eslogan electoral ni en excusa para decisiones apresuradas que prometen seguridad mientras profundizan el fracaso del Estado.
Cada vez que ocurre un hecho atroz protagonizado por adolescentes, la reacción es casi automática: discursos inflamados, anuncios rimbombantes, promesas de “mano dura” y una solución mágica repetida como mantra: bajar la edad de punibilidad. Siempre lo mismo. Siempre tarde. Siempre después.
Pero la pregunta incómoda -la única verdaderamente honesta- no es qué castigo merecen ahora, sino qué hizo la política antes.
¿Qué hizo cuando esos adolescentes abandonaron la escuela?
¿Qué hizo cuando la violencia se volvió lenguaje cotidiano en sus hogares y barrios?
¿Qué hizo cuando el Estado se retiró y dejó el territorio librado al abandono, al consumo, a la ley del más fuerte?
La respuesta es conocida: no hizo lo suficiente. Y ahora pretende compensar años de desidia con más castigo.
Bajar la edad de punibilidad no es una solución. Es una coartada. Una respuesta simple para problemas complejos. Un gesto que calma la bronca social, pero no previene un solo delito futuro. No hay evidencia seria, empírica ni comparada que demuestre que endurecer el sistema penal juvenil reduce la violencia. Ninguna. En cambio, hay abundante prueba de lo contrario: cuanto antes se ingresa al sistema penal, más se consolida la trayectoria delictiva.
El delito adolescente es ínfimo en términos estadísticos en el país. Los homicidios cometidos por adolescentes son excepcionales. Usarlos como regla es deshonesto. Construir política criminal a partir de casos extremos es legislar desde el miedo, no desde la razón.
La “mano dura” con adolescentes es, en realidad, mano ausente antes y mano punitiva después. Es el Estado que llega tarde y llega mal. Que no garantiza derechos básicos, pero sí se muestra implacable cuando el daño ya está hecho. Que abandona primero y castiga después. Y luego se pregunta, con cinismo, por qué fracasa.
Nadie -nadie- explica cómo piensa reintegrar a la sociedad a esos adolescentes que propone encarcelar más temprano. Nadie habla de educación, de salud mental, de consumos problemáticos, de acompañamiento familiar, de dispositivos territoriales reales. Porque eso no da votos rápidos. No entra en un título. No genera aplausos inmediatos.
Es más fácil prometer castigo que asumir responsabilidades.
Es más rentable señalar al adolescente que mirar al Estado.
Es más cómodo pedir cárcel que explicar por qué fallaron todas las políticas de cuidado.
El oportunismo político se alimenta del dolor ajeno. Utiliza a las víctimas como argumento y a los adolescentes como chivo expiatorio. Pero no repara a unos ni salva a otros. Solo profundiza la fractura social y perpetúa el círculo de violencia.
Una sociedad que cree que el castigo sustituye a la política está condenada a repetir estas tragedias. Porque ningún adolescente nace violento, pero muchos crecen sin red, sin límites, sin futuro y sin Estado. Y eso -aunque incomode- también es una responsabilidad política.
El verdadero coraje no está en endurecer penas. Está en hacerse cargo antes. Cuando todavía hay tiempo. Cuando la vida aún no se perdió. Cuando la justicia no llega solo para contar muertos, sino para evitar que los haya.
