Ingresó hoy a Diputados
La iniciativa prevé más inversión en obra pública, apoyo productivo y la posibilidad de tomar deuda para sostener proyectos estratégicos.
El Poder Ejecutivo provincial presentó a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Provincial 2026, que asciende a $2.575.407.738.607, es decir, un 21,54% más que el presupuesto aprobado para 2025, que fue de $2.119.044.470.854.
Según los fundamentos del proyecto, para el próximo año el Gobierno anticipa un crecimiento económico que generaría una mayor recaudación de los impuestos coparticipables, proyectando un incremento real en los recursos.
En cuanto a los ejes de inversión, el Ejecutivo plantea la continuidad y ampliación de programas orientados a fortalecer las pymes, incentivar nuevas inversiones y desarrollar sectores estratégicos como el turismo y la minería, considerados motores esenciales de la economía provincial.
Uno de los puntos más destacados es el sostenimiento de la obra pública, en un contexto de recorte nacional. El Gobierno provincial busca “compensar” esa política con fondos propios, priorizando infraestructura en todo el territorio. Entre las obras enumeradas figuran:
Construcción de hospitales en Recreo y Villa El Alto, y refacciones en el Hospital San Juan Bautista y el Hospital de Niños.
Consolidación y mejoras de rutas provinciales, como la RP 42 (El Alto–Tapso) y la RP 1 hasta Aconquija.
Construcción de puentes, como el de Las Mojarras en Santa María.
Nuevas viviendas en Belén, Saujil, Andalgalá, Pomán, Valle Viejo y Capital.
Polideportivos, obras de conectividad eléctrica y mejoras en infraestructura de riego.
El proyecto también incluye una autorización de endeudamiento de hasta $89.860.800.847 para financiar obras y programas sociales, económicos y de inversión pública. Además, habilita al Ejecutivo a cubrir con fondos provinciales aquellos proyectos financiados por Nación que puedan sufrir interrupciones en las transferencias.
Por otro lado, se faculta al Ministerio de Hacienda a emitir Letras del Tesoro y otras obligaciones de corto plazo por hasta $32.000 millones, destinadas a cubrir deficiencias estacionales de caja, con obligación de cancelarlas en un plazo máximo de un año.
