Opinión
El caso del predio que la Municipalidad de Fiambalá le regaló a la litífera Zijin-Liex no deja de sumar aristas polémicas. La última es la denuncia penal que el productor Pedro Saleme, que se atribuye la propiedad de las tierras, radicó en contra de la firma de capitales chinos, el municipio y la ex intendenta Roxana Paulón. Asegura que Paulón le entregó 345 hectáreas a los chinos para que instalaran la planta del emprendimiento sin haber iniciado siquiera los procedimientos para la expropiación.
«La Municipalidad de Fiambalá, en la gestión de Roxana Paulón, le dio a la empresa Zijin-Liex estas hectáreas sobre la Ruta 60 el 19 de junio del año 2019, que eran de propiedad privada. Se explicó en el convenio que se haría un proceso de expropiación, pero la Municipalidad de Fiambalá recién toma posesión el 18 se septiembre del 2024 cuando se inició ese procedimiento, ya con Raúl Úsqueda como intendente y ya con la planta totalmente instalada. Es decir, la Municipalidad le dio la posesión a la empresa violando la ley provincial de expropiación», contó.
La acción de Saleme es comprensible. La administración Paulón lo sacó arbitrariamente del circuito de negociación con los chinos y después quisieron arreglarlo con la ridícula suma de 3 millones de pesos, cuando la hectárea en Fiambalá se está pagando, según dice, unos 12 millones.
Lo que está en litigio es un arrebato perpetrado por el poder municipal en perjuicio de un privado, con la anuencia del Gobierno de la Provincia. La causa penal, iniciada en septiembre, comenzó a moverse. Saleme pide que declaren Paulón y Tomás Manuel de Pablo Souza, representante de Xijin-Liex, que, a su criterio, firmaron un “convenio vergonzoso”. El productor hizo público el conflicto en febrero, harto de peregrinar para que le paguen por las tierras de las que los despojaron.
«La oferta que tenemos es de $ 3 millones por 671 hectáreas. La parcela está ubicada en zona de frontera y está alcanzada por una ley por la que no se podrían haber entregado esas tierras a empresas extranjeras. El valor actual de la tierra tendría que ser de 671 millones de pesos, un millón por hectárea. Creemos que es un valor razonable porque en Fiambalá una hectárea vale unos 12 millones de pesos. Alguien se tiene que hacer cargo del pago de esto», advirtió Saleme en aquel momento.
Según dijo, la expropiación era para destinar el predio a un parque industrial pero “le entregaron todo el paquete a la empresa china”. Además, puso en duda la legalidad del trámite que realizó el municipio, porque, a su criterio, la expropiación debería haber pasado por la Legislatura. «Fue una expropiación fraudulenta, no pensamos nunca que nos iban a realizar una oferta de esa magnitud. En Fiambalá un terreno de 10 por 30 hectáreas está valiendo entre 30 y 40 millones de pesos», rezongó.
Los móviles que tuvieron la ex intendenta Paulón y sus funcionarios para regalarle el predio a los chinos siguen siendo un misterio que alimenta las especulaciones menos benignas. No se sabe si la empresa oriental estaba al tanto de las improlijidades del trámite de expropiación, pero han de haber adoptado el criterio popular que aconseja no ponerse en exquisito con los dientes si el caballo es regalado.
Cinco años después del obsequio, sin embargo, vienen a advertir las inconveniencias de confiarse en el criterio de funcionarios municipales que se consideraban impunes para cualquier atropello. Ahora quedaron enredados en un juicio. Capaz que puedan alegar, como el acusado de abuso, disonancias culturales.
