Denuncia penal por estafa a Edgar Bacchiani, Pablo Olmi y RT Inversiones

EN LA JUSTICIA FEDERAL
Es la primera acusatoria en la provincia contra el propietario de Adhemar Capital. En el caso de la otra financiera, es la quinta denuncia en menos de una semana.
La incógnita que tuvo una persona de no saber cuál será el destino de su inversión financiera más allá de los riesgos fue lo que motivó, por primera vez en la provincia según el abogado Ángel Granizo, a denunciar penalmente en la Justicia federal a Edgar Bacchiani (propietario de Adhemar Capital) y Pablo Olmi (vinculado a la misma empresa) por los delitos de lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación ilícita. No fue la única acusación que se hizo contra una financiera ayer. Sucede que el profesional del derecho, Lucio Montero, patrocinó a una mujer en lo que es la quinta denuncia en contra de RT Inversiones en menos de una semana con iguales figuras penales: estafa, asociación ilícita y lavado de activos.

Para el primero de los casos, el letrado Granizo asesora a Álvaro Niederle. Dentro de la denuncia, solicitan a la Justicia federal que se impute tanto a Bacchiani como a Olmi y se proceda a llamarlos a indagatoria. Además, consideran que deben ser detenidos puesto que “podrían intentar eludir la Justicia ya que la estafa es de una significación económica jamás producida en la provincia”. Un detalle: el abogado pide que la causa se haga extensiva a quienes participaron activamente dentro de la firma Adhemar Capital.

En diálogo con El Esquiú Play, Granizo dijo que esta acusatoria es “la punta del iceberg” ya que está recabando pruebas para otras presentaciones judiciales. “La denuncia penal que se hizo puntualmente se indica a dos personas, Edgar Adhemar Bacchiani y Pablo Olmi, como uno de los partícipes de la maniobra que se viene llevando a cabo”, detalló el abogado sobre el vínculo. “Esta primera denuncia es la punta del iceberg porque existen otras que vienen por detrás que ya incluyen un número mayor de damnificados y a su vez, se hace extensiva a otros responsables dentro de lo que sería la firma”, anticipó el abogado.
Además, Granizo explicó las tres figuras del Código Penal por las cuales denunció a Bacchiani y Olmi de los delitos. El lavado de activos es cuando un dinero de origen ilegítimo es ingresado por una persona al circuito o al mercado formal. El delito de estafa por administración fraudulenta es cuando una persona tiene la administración de bienes que no le son propios y los desvía para sí o para un tercero.

“En este caso, los inversores ponían el dinero en la empresa, dicho de forma criolla en las manos de Bacchiani y éste, con la promesa de una rentabilidad que era de pagos prácticamente imposibles, se dedicó a comprar bienes para sí”, esgrimió el abogado para explicar que “ese es el origen ilegítimo con el cual se entra a la segunda etapa que es el lavado de activos”. Es decir, “obtiene dinero a través de una maniobra fraudulenta y después trata de meterlo al mercado como si fuera de origen legítimo”. En cuanto a la figura de asociación ilícita, “se da cuando existen tres o más personas que se agrupan para delinquir, su finalidad es llevar adelante un ilícito y para el caso, la participación lógicamente se hace extensiva a todos aquellos que de una u otra manera han colaborado”.

Granizo no descartó que otros clientes quieran iniciar acciones legales y con ello ampliar el número de acusatorias: “La ampliación de la denuncia podría realizarse en poco tiempo, puede ser en el transcurso de esta semana, a más tardar lunes o martes de la semana que viene, hay que recolectar pruebas”.

En tanto, el abogado contempló que el problema “que tenemos es que es una maniobra muy grande donde hay muchos damnificados”. “La respuesta que se vino dando hasta ahora desde enero, al menos a quienes estoy patrocinando, es ‘espera, espera, espera’. Soy respetuoso de lo que me dicen mis clientes, entonces, esperamos a ver si realmente era como él dice. Pasó el tiempo y no hay solución, y una solución siempre está cada vez más lejana y menos creíble”, contó.
Por otra parte, cabe mencionar que el abogado Ruy Aguiar tramitó un embargo contra Bacchiani para cubrir el pago de 40 mil pesos, situación que ya tuvo una orden judicial desde el fuero comercial.

Quinta denuncia
A inicios de este mes, desde la empresa RT Inversiones se comunicaba que iban a dejar de atender al público y que se reanudaría el lunes 21 del corriente. En ese comunicado, mencionaban que la empresa “no se encuentra atravesando ningún conflicto legal, pero por cuestiones de organización y de seguridad de nuestro personal como de nuestros clientes, nuestras oficinas permanecerán únicamente abiertas para realizar el trabajo administrativo necesario para la reorganización”.
Ahora bien, el viernes pasado se presentaron cuatro denuncias contra esta financiera y ayer se sumó una quinta acusatoria en contra de la firma por parte del profesional del derecho Lucio Montero, en la Justicia federal por los delitos de estafa, asociación ilícita y lavado de activos.

En el escrito del abogado, se relata que el 19 de abril último Edgardo Bulacio y Estela Nieva compran la sociedad RT Inversiones. “Desde su inicio violan el objeto del contrato societario de la firma al captar ahorros del público mediante contratos de adhesión denominados Contratos de Mandato de Inversión, lo que está prohibido por la Ley de Entidades Financieras”, reseña legalmente el abogado.

A la vez, relata que “en garantía de ahorros entregaron pagarés que no son ejecutables al no cumplir con los requisitos del Decreto-Ley 5965/1963, ya que su firma no es ológrafa ni digital, sino que es impresa en computadora”. Ahora bien, el abogado cuenta que desde abril del año pasado hasta enero de este, “captaron todos los ahorros que les fueron posible y en febrero de 2022 se declararon en cesación de pagos, obligando a los ahorristas a reestructurar sus contratos sin pagarles intereses, devolver los pagarés y entregarles pagarés nuevos con fecha posterior a febrero”.

Según contempla el letrado, “esta maniobra se realizó para reemplazar a la única persona solvente de RT Inversiones, Estela Nieva, propietaria de Noroeste Dental, principal proveedora del Estado provincial y en particular de OSEP, lo que se llevó a cabo con la cesión de acciones y derechos el 31 de enero de 2022 efectuados por Nieva a favor de Víctor Vergara y Matías Rolón Reynoso”.

Así, el abogado sostiene que Estela Nieva “es responsable de los ilícitos cometidos por RT Inversiones, ya que consintió expresamente lo actuado por el socio gerente Edgardo Bulacio, sin que exista ningún acta societaria en que se opusiera a la captación de ahorros”. En potencial, el profesional del derecho detalla que

Edgardo Bulacio, Estela Nieva, Edmundo Bulacio, Carolina Bonfanti, Víctor Vergara y Matías Rolón Reinoso “serían los autores de los delitos de estafa y asociación ilícita”.

En diálogo con radio Valle Viejo, Montero señaló que la empresa “había creado una pantalla a través de su publicidad que daban a entender que funcionaban como una inversora”. “Hubo una estafa al hacerse pasar ellos como inversores”, evaluó el abogado para acotar que “hubo gente que depositó en enero y no cobraron ni una cuota”.

Fuente: El Esquiu.com

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