Por causa de los recursos de la Ciudad Universitaria
Juan Alberto Cerisola recibió 3 años de prisión, inhabilitación perpetua y deberá pagar $39 millones.
La Justicia Federal de Tucumán condenó al exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, a 3 años y 6 meses de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenado en el marco de la causa que investigó el destino que se le dio a los fondos que durante años recibió la UNT de parte de YMAD.
El exrector fue declarado autor responsable de incumplimiento de funcionario público y coautor de defraudación contra la UNT. Cerisola también deberá pagar, solidariamente con otra exfuncionaria, más de $39 millones en concepto de reparación por el daño causado a la casa de altos estudios tucumana.
La causa comenzó en el año 2010 y el pedido de elevación a juicio se cocnretó recién en 2018. El juicio se demoró todavía más por la renuncia del presidente del Tribunal Oral Federal, Carlos Enrique Jiménez Montilla y que finalmente terminó conformado por los jueces Abelardo Jorge Basbús, Ana Carina Farías, ambos del TOF de Santiago del Estero y Enrique Lilljedahl (TOF de Catamarca).
En todo el proceso y en el juicio que culminó ayer, la Justicia debió determinar la responsabilidad de Cerisola y sus exfuncionarios, en el destino de los fondos mineros transferidos, destinados por ley a financiar la Ciudad Universitaria de San Javier.
De acuerdo a lo cronicado por el medio La Gaceta de Tucumán, Cerisola manifestó que nunca imaginó afrontar un proceso penal de estas características y consideró que las acusaciones en su contra “cambiaron de tono con los tiempos que corren”, pasando de figuras como administración infiel a hechos vinculados con corrupción. “No he llegado a entender de qué manera se ha sostenido esa acusación”, señaló ante los jueces.
Junto a Cerisola, Olga Cudmani, extitular de la Dirección de Construcciones Universitarias, fue condenada a 3 años y 2 meses de prisión, y Osvaldo Venturino, ex Director de Inversiones y Contrataciones, a 2 años de prisión en suspenso, ambos con inhabilitación perpetua. Fueron juzgados como coautores del delito de administración fraudulenta. Cudmani y Venturino también deben afrontar el pago de $766.000 por una obra específica. Por otro lado, Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, fue absuelto por el beneficio de la duda.
Sistema fraudulento
El caso se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) y el abogado Oscar López denunciaron ante la Justicia Federal supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de YMAD.
Por ley, la UNT debía destinar el 40% de las utilidades a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. Sin embargo, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando la otra parte de los fondos. En enero de 2008, Cerisola firmó el acta que oficializó la medida y abrió la puerta a un esquema especial de contrataciones que, según los investigadores, se apartó de la Ley de Obra Pública. Con ese dinero, en vez de terminar lo que se conoce como “La ciudad universitaria de San Javier”, se inició una serie de obras en las dependencias universitarias del gran San Miguel de Tucumán.
Durante la gestión de Cerisola, resoluciones rectorales alteraron la orgánica de Construcciones Universitarias y habilitaron un régimen especial para administrar esas obras, por fuera de la Ley de Obras Públicas. Con ese esquema se ejecutaron 13 proyectos que fueron elemento de estudio de la Justicia. Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que se montó un sistema discrecional y fraudulento, mientras que las defensas replicaron que todo se hizo con dictámenes jurídicos, controles internos y dentro de la autonomía universitaria.
El 27 de mayo de 2024 comenzó el juicio oral en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Desde el inicio, la Fiscalía señaló que se trataba de un caso emblemático de corrupción institucional, con un perjuicio millonario que no solo afectó a la universidad sino también a la credibilidad de sus instituciones. En paralelo, las defensas plantearon que no había existido dolo ni enriquecimiento personal, y que todo se había hecho bajo la autonomía universitaria, con dictámenes jurídicos y controles internos.
Historial
Un proceso con más de 15 años
La causa se inicia en 2010 por una denuncia sobre irregularidades en el manejo de los fondos provenientes de YMAD.
En 2018 la causa se eleva a juicio pero por renuncias en el Tribunal, el proceso se inicia a principios del año pasado. En el tribunal, está el juez catamarqueño Enrique Lilljedahl.
Aunque la Fiscalía había pedido prisión preventiva, los magistrados decidieron que los condenados continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme.
Las defensas anunciaron que apelarán el veredicto, por lo que la causa deberá atravesar instancias procesales adicionales antes de quedar resuelta.
