Los decreto acuerdo que ingresaron a la Legislatura
Se estableció que el mandato del defensor del pueblo dure más de una década, pero sin posibilidad de reelección. En cuanto al Tribunal de Cuentas, se cambió la base de la remuneración para que el presidente y los vocales cobren lo mismo que un juez de la Corte de Justicia.
Se conoció la letra fina de algunos de los decreto acuerdo firmados por el Gobernador y sus ministros, con los cuales se modificaron leyes con algunos cambios llamativos.
Entre ellos está el caso del defensor del pueblo, donde no solo se modificó quién lo designa, sino también la duración del mandato: de los cinco años con posibilidad de reelección establecidos originalmente, se pasó a 12 años sin reelección. Otro de los cambios llamativos es el decreto que modificó la ley orgánica del Tribunal de Cuentas: aquí se cambió la base de remuneración del presidente y los vocales, quienes pasaron de cobrar lo mismo que un juez de Cámara, a lo que percibe un ministro de la Corte de Justicia.
Existe un nexo entre ambos decretos y precisamente está vinculado a la modificación de los salarios en el órgano contralor de las cuentas públicas. En este sentido, se cambió la remuneración de quien fuese designado (desde el Gobierno dijeron que se propondrá a Dalmacio Mera) como defensor del pueblo. Para el caso, se pasó de percibir una remuneración “equivalente a la del cargo de Diputado Provincial” a una “equivalente a la del Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
“La figura del Defensor del Pueblo debe estar investida de suficiente estabilidad y permanencia para cumplir con sus objetivos, esto es, la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al mismo Estado”, señala el instrumento vigente para precisar que, a fin de cumplir con eso, “se prevé que el Defensor del Pueblo sea designado por un periodo de doce años, sin la posibilidad de reelección, lo que permitirá establecer estrategias sólidas y a largo plazo en defensa de los ciudadanos”.
A la vez, señala que la propuesta de la persona que ocupará el cargo queda en manos “del Gobernador con el acuerdo de los dos tercios del Senado, mecanismo que incluye a ambos Poderes como partícipes de la decisión de quien será quien ejerza el cargo y dota al procedimiento de un adecuado equilibrio institucional”. Este decreto también tiene otro detalle. Es que, para “garantizar la continuidad en el funcionamiento del órgano, se habilita que su titular pueda ser designado en comisión por el Ejecutivo, hasta tanto preste conformidad para su nombramiento el Senado”.
Cabe señalar que, si bien se eliminó la potestad da la Comisión Bicameral Permanente para elegir al Defensor del Pueblo, este espacio quedó como de “relación con el Poder Legislativo”. En este orden de ideas, la Bicameral deberá estar integrada por cinco senadores y cinco diputados, manteniendo la proporción de la representación. Según indica el instrumento, la Bicameral será la “encargada de mantener las relaciones institucionales con del Defensor del Pueblo e informar a las Cámaras en cuantas ocasiones sean necesarias”.
Control de cuentas
En cuanto a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, el decreto menciona que fue el propio organismo el que propuso los cambios a través de un proyecto que presentó: “El Tribunal de Cuentas ha elaborado y elevado para consideración del Ejecutivo un proyecto de modificación de su Ley Orgánica, con el objeto de fortalecer su capacidad de control, agilizar sus procedimientos, modernizar su estructura normativa y adecuar sus competencias a las exigencias contemporáneas de la gestión pública”.
Así, el primer artículo del decreto modifica lo atinente a las remuneraciones. En este sentido, se pasó que el presidente y los vocales “gozarán de las mismas remuneraciones que los Jueces de Cámara del Poder Judicial” a que “gozarán de las mismas remuneraciones que los Ministros de la Corte de Justicia de la Provincia”.
Este cambio también fue observado desde el arco opositor. Para el caso, la presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, quien rescató que en los considerandos del decreto “se habla de modernización, eficiencia, transparencia y fortalecimiento del control externo, pero en el primer artículo del proyecto, lo que realmente se establece es un aumento de sueldos”. La radical remarcó que el cambio “se presenta como decreto acuerdo, un mecanismo que solo nos permite a los legisladores aceptar o rechazar sin modificaciones. Y con el número del oficialismo, el resultado ya está cantado”.
