A través de las redes sociales
En el reciente decreto que endurece los requerimientos para otorgar pensiones por invalidez, clasifica a las personas con discapacidad bajo términos como “idiota” e “imbécil”.
La diputada provincial del Partido Intransigente, Adriana Díaz, quien además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, se pronunció a través de sus redes sociales, tras conocerse que el presidente Javier Milei volvió a habilitar oficialmente términos discriminatorios para «catalogar» a las personas con discapacidad.
“En el reciente decreto que endurece los requerimientos para otorgar pensiones por invalidez, se clasifica a las personas con discapacidad intelectual bajo términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, basándose en su coeficiente intelectual (CI). Esta clasificación y lenguaje, que parece sacado de un manual de psiquiatría obsoleto de principios del siglo XX, es inaceptable, representa un retroceso alarmante en materia de derechos humanos”, comienza el posteo de la legisladora catamarqueña.
Y continua, “Desde la presidencia de la Comisión de derechos humanos, garantías y diversidad de la Cámara de Diputados Catamarca repudiamos y rechazamos semejante violencia institucional y discriminación hacia las personas con discapacidad publicado en un instrumento oficial. Usa términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad a la que adhirió el Estado nacional argentino, en cuyo artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto y dignidad de las personas, luchar contra prejuicios y estereotipos»
Para finalizar con su posteo Díaz remarca no le sorprenden estas expresiones, ya que son harto difundidos los términos en sentido peyorativo que usa el propio presidente Javier Milei para con quien piense diferente a él.
Cabe recordar que estas palabras despectivas aparecieron insólitamente en una resolución de la ANDIS cuyo propósito fue endurecer los criterios para acceder a las pensiones. Ante las críticas de las organizaciones, el Gobierno dio marcha atrás y dijo en un comunicado que se trató de un «error».
