El fallo lo dictó el tribunal de la cámara N° 2
Se trata del exlegislador Juan Carlos Espinosa quién llegó a juicio casi una década después de haber cometido el hecho.
Juan Carlos Espinosa, quien compartió el banquillo con el secretario del legislador Héctor Fernández, allá por el año 2016, Walter Motrán. Ambos fueron denunciados en junio y julio de aquel año por un supuesto abuso sexual a una empleada de la cámara alta local.
En el año 2016 el por entonces senador del departamento Andalgalá del Frente Justicialista para la Victoria (FJV), fue denunciado por una mujer quien dijo haber sido víctima de ultrajada por el legislador en el palacio legislativo de esta ciudad Capital. El hecho ocurrió entre los meses de junio y julio del mencionado año.
Ayer, tras casi una década de derrotero judicial la causa llegó a juicio y el ahora exlegislador que dilataba el proceso, utilizando todos los recursos legales disponibles, reconoció ante los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Miguel Lozano haber abusado sexualmente de la empleada del senado.
Sin embargo y pese a la confesión lisa y llana de Juan Carlos Espinosa y haber sido declarado culpable por la justicia no irá a la cárcel.
El fiscal Augusto Barros, en su alegato sostuvo la imputación de abuso sexual simple y pidió una pena de dos años para Espinosa, pero de cumplimento es suspenso.
Junto al exsenador, llegó a debate también el secretario de otro legislador por aquel entonces, Walter Motrán, a quien la misma víctima de Espinosa lo denunció por abuso sexual gravemente ultrajante en grado de tentativa.
Asistido por el mismo abogado que el exlegislador, Dr. Jorge Bracamonte (h) el empleado del senado también se declaró culpable ante el tribunal, solicitando en el alegato el fiscal Barros tres años de prisión, pero también de cumplimiento en suspenso.
Finalmente, tras escuchar a la defensa de los imputados y previo a un cuarto intermedio, el tribunal dictó sentencia.
Por unanimidad los jueces resolvieron declarar culpable al exsenador Espinosa y al empleado del senado Motrán condenándolos a la pena de dos años y tres años de prisión en suspenso, respectivamente, tal como lo pidió el fiscal Barros.
Sin embargo y pese a haberse declarado culpables los ahora condenados por la justicia por haber abusado sexualmente en el 2016 de una empleada en el palacio de la legislatura provincial, no irán a la cárcel.
