En menos de un día
Se denunció una trama donde el director de Dipromesi, Caleb Camji, realizaba contrataciones directas a una empresa de su madre y las compras eran aprobadas por su pareja, la secretaria de Administración, Ana Rizo.
En menos de 24 horas y a raíz de una denuncia penal impulsada por el diputado radical Tiago Puente por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, el Gobierno dispuso la apertura de una investigación “interna con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades o hechos delictivos que involucrarían a funcionarios de medio rango” en el Ministerio de Salud.
En este sentido, se comunicó que se apartará “de forma inmediata de sus cargos” al director de Dipromesi, Caleb Camji, y Ana Gabriela Rizo, quien se desempeñaba como secretaria de Administración de Salud y, a la vez, es pareja de Camji.
En la denuncia, el legislador opositor los acusó de favorecer a la empresa proveedora M&C Insumos, cuya titular es Miryam Carrizo, madre de Camji, mediante contrataciones directas.
En la presentación judicial, Puente sostiene que las contrataciones se realizaron “sin procesos licitatorios transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades y la correcta administración de los fondos públicos”.
Como parte de las pruebas, el diputado adjuntó documentación, apuntando a que las compras fueron aprobadas por Rizo, lo que “genera serias dudas sobre la imparcialidad y legalidad de los procedimientos”.
“Resulta especialmente alarmante que la firma de la madre del Dr. Camji haya sido seleccionada en reiteradas oportunidades como proveedora exclusiva para el suministro de colchones ortopédicos y otros insumos médicos, mediante compras directas aprobadas por la Sra. Rizo, pareja de Camji, y autorizadas por expedientes administrativos bajo la supervisión del mismo Ministerio de Salud”, expuso Puente en la presentación judicial. Además, rescató 13 contrataciones de Salud a la firma M&C, cuyo monto de compras asciende a los $55.609.040.
En este marco, el legislador instó a la Justicia a que “investigue a fondo el posible direccionamiento de fondos públicos para beneficiar a familiares directos, la falta de competencia en las contrataciones del Estado y el presunto uso de cargos públicos para intereses personales”. A la vez, remarcó: “El acceso a la salud y la transparencia en la gestión pública no pueden quedar en manos de vínculos personales y familiares. No permitiremos que la salud de los catamarqueños siga negociándose en las mesas familiares de los mismos nombres de siempre”.
“Ahora suenan Camji y la madre, veremos qué otros apellidos salen a la luz a partir de esto. Pero acá no hay que olvidar algo importantísimo: el principal responsable es Raúl Jalil, que ya sabemos que se encargó de minar la salud pública en Catamarca, obligando a los catamarqueños a dejar los pocos pesos que ganan en los sanatorios de su familia. Ahora espero que haga lo que tiene que hacer”, subrayó Puente.
Tras la presentación judicial del diputado opositor, se comunicó que las autoridades del Ministerio de Salud “han dispuesto la apertura de una investigación interna con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades o hechos delictivos que involucrarían a funcionarios de medio rango, para así esclarecer la situación y determinar posibles responsabilidades”.
En este orden de ideas, indicaron que “en cumplimiento de los principios de transparencia y ética pública, los dos funcionarios involucrados serán apartados de forma inmediata de sus cargos y hasta tanto prospere la investigación interna y eventuales procesos judiciales”. “El Ministerio reafirma su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y el respeto a la normativa vigente”, cerraron.
