El director y nada menos que 13 docentes de la Escuela Provincial de Educación Técnica N°2 de Belén fueron suspendidos en haberes y funciones por no concurrir a cumplir con sus tareas y falsificar los libros de asistencia.
La sanción fue impuesta por la Dirección de Sumarios del Ministerio de Educación tras una investigación iniciada el 25 de marzo, luego de que personal administrativo del establecimiento informó sobre la situación a auditores de la cartera educativa que habían ido a Belén.
Una yuta masiva y sostenida. Lo notorio del caso es que la totalidad del personal docente de la escuela estaba complicado en la maniobra, que recién saltó cuando el Ministerio hizo acto de presencia física en el lugar.
Según los administrativos, no se controlaba el registro de la asistencia del personal, por lo que profesores no firmaban las planillas.
«Es una práctica que pasen a firmar una vez al mes toda la planilla», revelaron.
De este modo, al analizar la documentación se descubrieron planillas firmadas los días feriados y fines de semana. Tal era la sensación de impunidad, que los infractores ni siquiera se preocupaban por la calidad de las falsificaciones, acaso seguros de que nadie se tomaría el trabajo de revisarlas nunca.
Permanentemente se despachaba temprano a los alumnos por falta de profesores, y los docentes no respondían o lo hacían de mala manera ante las quejas de los padres por lo sistemático de esta práctica.
En los libros de asistencia había ausencias injustificadas, borrones con corrector y sobrescritos, como así también falta de firmas, lo que constituiría abandono de servicio.
«Lo expuesto describe el descontrol administrativo del establecimiento, lo cual a todas luces demuestra falta de autoridad de su director, quien ocurrió en inobservancia de los deberes de su cargo», señala el informe de la resolución.
Aparte del director interino de la institución, Oscar Aurelio Leguizamón, fueron suspendidos Carlos Gallo, instructor de taller; José Luis Reyes, instructor de taller; Marcelo Robles, instructor de taller; Hernán Alancay, con siete horas institucionales; René Arias, con ocho horas institucionales; Raquel del Valle Cárdenes, con dos horas institucionales; Clelia Herrera, con dos horas institucionales; Rubén Iturriza, con horas institucionales; Rocío Iturriza, con horas institucionales; Lidia Rosa Sueldo, con horas institucionales; Gloria del Carmen Viviani, con horas institucionales; y Oscar Córdoba, con horas cátedra.
El Ministerio de Educación en este caso actuó con celeridad, pero el hecho de que la totalidad del personal docente de una escuela cobrara sus emolumentos sin la contraprestación laboral correspondiente debe registrar escasos antecedentes. Constituye, en cualquier caso, una suerte de paradigma de las fallas estructurales del sistema educativo y las dificultades para revertirlas.
¿Hasta cuándo se hubiera extendido la situación irregular si la gente del Ministerio no llegaba hasta Belén y el personal administrativo del establecimiento no lo denunciaba?
Más allá de las sanciones administrativas que alcancen a los involucrados, la yuta masiva configura una estafa como la de los “ñoquis” o voladores que parasitan el presupuesto ¿Se animará el Ministerio de Educación a avanzar más allá del expediente interno e ir a la Justicia?
Por lo pronto, parece conveniente continuar y regularizar la práctica de las inspecciones “in situ” para llegar a un diagnóstico detallado de la situación en la provincia. Por ahí se descubren ilícitos que liberarían al sistema de pagar hasta tres sueldos por el mismo cargo.
En una cuenta rápida, la deserción de los docentes de la escuela belicha deja vacantes un cargo directivo, dos de instructor de taller, alrededor de 30 horas institucionales y horas cátedra. Debe haber numerosos docentes interesados en ocuparlos.
Fuente: El Ancasti
