Editorial
El DNU 70/23, dictado por el gobierno de Javier Milei a pocos días de haber asumido, entre otras cosas derogó la Ley de Alquileres, lo que originó enormes complicaciones de las familias inquilinas por el empeoramiento en las condiciones contractuales como consecuencia de la desregulación lograda de hecho. La norma derogada regulaba, por ejemplo, frecuencia de actualización y moneda de pago. Hoy eso no existe.
Las organizaciones de inquilinos difundieron datos que corroboran el impacto negativo en las condiciones generales de vida del sector: 62% tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, el 40% destina más de la mitad de su salario a pagar el alquiler, el 60% está atrasado con el pago de servicios básicos, a la vez que el 70% se endeudó para poder pagar el alquiler y uno de cada tres hogares inquilinos (36%) vive en condiciones de hacinamiento. La situación se agravó también por la impactante suba de los servicios públicos.
No existen por el momento datos precisos respecto de las personas o familias que han dejado de alquilar por la imposibilidad de hacer frente a los montos exigidos, aunque se calcula que uno de cada cuatro se ha visto afectado. En esos casos, un segmento pasa a vivir con familiares –generalmente padres o suegros- o empieza a compartir alquiler, lo que fomenta el hacinamiento. En el peor de los casos, empieza a vivir en situación de calle, fenómeno que se está empezando a registrar con más frecuencia que antes en las grandes ciudades. De hecho, según las estadísticas que manejan las organizaciones mencionadas, uno de cada 10 inquilinos está a punto de ser desalojado.
Si alquilar es difícil, más lo es adquirir una casa propia. Desde la asunción del nuevo gobierno no existe financiamiento para ejecutar planes de viviendas y los créditos hipotecarios son inalcanzables para la inmensa mayoría de los que carecen de vivienda. En las grandes ciudades de la Argentina, el piso de ingresos mensuales para acceder a un crédito hipotecario es de 5 millones. En ciudades más chicas, como San Fernando del Valle de Catamarca, donde los inmuebles son considerablemente más baratos, el piso es más bajo, pero igual de inaccesible para la gran mayoría, porque los ingresos también son más bajos.
La desaparición de programas como el PROCREAR, que le permitió el acceso a la primera vivienda a más de 3 millones de personas, en sus dos etapas -2012-1015 y 2020-2023, contribuye a agravar el problema.
La construcción de viviendas se lleva a cabo con fondos provinciales –como en Catamarca- o municipales, pero sin dudas son recursos escasos que alcanzan a cubrir un porcentaje minúsculo de la demanda existente.
Según el Censo 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hay casi 8 millones de personas que alquilan. Es imprescindible que las autoridades aborden este problema con iniciativas impulsadas por el sector público. El mercado, sin regulación, no aporta soluciones para los sectores medios y bajos de la población.
