Opinión
Para regocijo de Javier Milei y los guionistas de la gesta libertaria, la discusión del Presupuesto 2025 “Déficit Cero” asoma como el próximo factor de discordia en el fragmentado universo de la oposición.
Antes que posicionamientos ideológicos que pueden ser legítimos, conviene considerar un elemento: pocas cosas podrían ser más convenientes para el Gobierno nacional que el rechazo en el Congreso del Presupuesto para el año que viene.
Tal situación le dejaría el campo orégano para reconducir el de este año, que es a su vez el de 2023 reconducido, y sostener el año que viene un modelo de administración que le permite manejar las partidas a su arbitrio. La falta de Presupuesto es lo que le facilitó podar y hasta eliminar transferencias a las provincias y a políticas específicas y quedarse con el remanente para asignarlo a su antojo.
Esto es lo que advierten los gobernadores de todos los palos a los sectores del Congreso que juegan con la posibilidad del rechazo.
En tal sentido, esgrimen a su favor un precedente muy cercano para promover la flexibilidad.
En la primera mitad del año, los mandatarios provinciales consiguieron que se separara de la Ley Bases el llamado Paquete Fiscal y se discutiera aparte. De ese modo obtuvieron, a cambio de la meganorma que quería Milei, garantizar oxígeno financiero para sus distritos. El ejemplo más concreto y visible al respecto fue la reposición del impuesto a las Ganancias, que se coparticipa.
Más atrás en el tiempo está el Pacto Fiscal celebrado con Mauricio Macri en 2017, dentro del cual estuvo la devolución del 15% de la masa coparticipable que Nación retenía desde mediados de la década del ’90 para fondear la ANSES, por el cuál todavía hay deudas pendientes de la Nación hacia las provincias.
Esto no implica que propongan aprobar el Presupuesto 2025 a libro cerrado. Lo que pretenden es utilizar el margen de negociación que deja la consigna “Déficit Cero”.
De acuerdo con lo que dijo Milei al presentar la ley, mientras el equilibrio macro entre ingresos y egresos se mantenga, la distribución del gasto es materia de debate, siempre y cuando no se afecte el pago de los servicios de la deuda.
En ese espacio para la distribución de una torta que, recesión mediante, se achica, anida la clave de la discusión que viene.
Para los gobernadores, el Presupuesto constituirá un límite a la voluntad de Milei que hasta ahora el Congreso no ha podido establecer.
En la puja entre los poderes de veto del Parlamento y el Poder Ejecutivo que signa esta primera etapa de la gestión libertaria, la Casa Rosada se impuso con el veto a la movilidad jubilatoria y el financiamiento educativo, mientras que el Congreso logró voltear el DNU que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Estas peleas se le hacen menos complejas a los libertarios al desarrollarse sin un Presupuesto. Por eso resiste tanto la reforma de la reglamentación del trámite parlamentario de los DNU. El modelo de rechazo explícito de las dos Cámaras instituido durante el kirchnerismo coloca todo el esfuerzo institucional sobre el Congreso. El Presidente está en condiciones de gobernar por decreto mientras sus antagonistas no consigan reunir la mayoría para tratarlo y derogarlo.
Milei ya mostró la pinta del naipe que piensa utilizar en la discusión presupuestaria con la idea de fondear a las universidades con fondos que se les sacarían a los partidos políticos con, por ejemplo, la eliminación de las PASO. Es el diseño general: más plata para unos implica menos para otros; lo esencial es que ingresos y egresos estén equilibrados.
También ven eso los gobernadores, aunque no lo digan. El Presupuesto 2025 regulará el año electoral, en un contexto en el que Milei trata de extender la red partidocrática de La Libertad Avanza a todo el país.
Sin Presupuesto tendrá las manos libres para administrar remanentes y, además, la retórica contra la casta, redoblada por el “principio de revelación” que deja al descubierto a los traidores.
