La firma le reclama al menos 68 millones de pesos
La empresa Virgen del Valle reclama servicios prestados en 2022. Solicitó una sanción con astreintes al municipio.
El conflicto entre el municipio de Valle Viejo y la empresa de seguros y sepelios Virgen del Valle no parece tener fin y va camino a que deba ser resuelto por la Justicia. Sucede que la firma demanda al municipio por 68 millones de pesos más astreintes por la realización de 68 servicios de sepelios a vecinos de escasos recursos. El conflicto ya llegó al Concejo Deliberante chacarero, donde el concejal radical Gerónimo Cabrera pide la interpelación del fiscal municipal para que explique los motivos del incumplimiento por parte de la comuna.
En diálogo con “Mañana es hoy” de Radio Ancasti, el abogado de la empresa, Juan Mejía, dio detalles del conflicto. “Lamentablemente la empresa que represento decidió iniciar acciones judiciales ante la falta de pago de un total de 68 servicios a partir de un convenio que firmó la empresa con la actual conducción municipal en diciembre del 2021. El convenio consistía en la provisión del servicio de sepelio para los vecinos carentes de recursos para pagar este tipo de prestaciones”, explicó.
Detalló que, en el marco de este acuerdo, la firma recibía los pedidos de parte de la Secretaría de Acción Social o del funcionario que estuviera a cargo del área, realizaba los servicios y luego, con “la conformidad de los dolientes y la partida de defunción”, se iniciaban las actuaciones administrativas para que el municipio pague la prestación. “Una vez que comenzaron estos servicios se pagaron algunos y otros no se pagaron. Desde la firma, entendían que nos encontramos en el año 2022 saliendo de la pandemia, entonces los procesos podían tener una demora. Sin embargo, pasó un año y la Municipalidad dejó de dar directamente respuesta a los pedidos”, dijo el letrado.
Indicó que ante la falta de respuestas, el 23 de mayo del año pasado “se presenta un reclamo administrativo donde la empresa exige el pago de algunos expedientes que estaban identificados con número y letra y se encontraban en la Secretaría de Hacienda para el pago”.
“Frente a este reclamo administrativo, la Municipalidad guarda silencio y es por eso que, un año después, se da inicio al proceso judicial, primero con una carta documento, que la Municipalidad tampoco responde”, detalló Mejía.
El letrado cuestionó la postura de la gestión de Zenteno, al considerar que la Municipalidad “no es un kiosco de barrio”, sino “el Estado municipal” y que como tal “tiene la obligación legal de responder frente a las exigencias de los administrados y en este caso, al tener un contrato con una empresa, debe responder a sus obligaciones”.
“Ante esta situación fue que llegamos a la demanda judicial en donde la jueza que entiende en la causa, al ver la contundencia de las pruebas que estamos presentando, decidió ordenar el secuestro de las actuaciones administrativas”, dijo a lo que agregó que dicho secuestro no se concretó porque desde la Municipalidad alegaron problemas con el sistema informático.
“Frente a esta situación, el Juez de Paz de Valle Viejo le dio un plazo de 72 horas para presentar estos expedientes ante el Juzgado Civil. Ya han pasado 96 horas y el municipio no ha presentado hasta el día de hoy esos expedientes, que en algún momento dijo que ya estaban pagados”, cuestionó.
Por la constante falta de respuesta del municipio, el letrado indicó que solicitó al Juzgado que sancione al municipio con el pago de astreintes hasta tanto no cumpla con la presentación de la documentación. “En el día de la fecha hemos solicitado que se le aplique una sanción pecuniaria por no cumplir con la presentación de la documentación y por cada día que se siga retrasando que sea sancionada económicamente la Municipalidad. Lamento que todo este costo recaiga sobre los bolsillos de los contribuyentes chacareros”, dijo.
“Lamentablemente, el planteo judicial fue el último recurso que nos quedó disponible porque la empresa no puede soportar que el servicio prestado siga impago. Además, todo este proceso genera que los familiares tengan que revivir el fallecimiento de un ser querido, eventualmente teniendo que ser citado por la justicia para reconocer que recibieron estos servicios”, añadió.
Finalmente, rechazó el planteo del municipio, quien indicó en los medios que la deuda no supera los 25 millones de pesos. “Los 25 millones de pesos salieron de un cálculo que se hizo a la fecha del reclamo administrativo, es decir en mayo del 2023. Eso ha quedado desactualizado”, sostuvo.
“Cuando se prestaron esos servicios tenían un valor de $44.000, pero el proceso inflacionario ha hecho que esas sumas queden como un mero valor informativo. Si a esa cifra le acumulan los intereses que se han generado hasta el día de hoy, cada uno de esos servicios actualmente vale un millón de pesos”, dijo, aunque aclaró que el número final “queda sometido a la decisión del juez, quien definirá la tasa de interés aplicable al caso”.
