Editorial
La penetración del narcotráfico en las ciudades de la Argentina es un proceso que lleva ya varias décadas, pero todo indica que se afianzó notablemente en los últimos meses. Hay una coincidencia generalizada entre las personas, organizaciones e instituciones que tienen trabajo territorial en los sectores urbanos más densamente poblados del país, que el retiro paulatino del Estado, operado sobre todo a partir de diciembre del año pasado por un gobierno que recorta el presupuesto público aun en sectores muy sensibles, favorece la tendencia mencionada.
El desfinanciamiento de los programas sociales, de los comedores populares, la ausencia reciente de actores públicos de las barriadas es aprovechado por las organizaciones criminales para ganar presencia y confianza en la comunidad. Así, con esta estrategia de inserción, fue como Pablo Escobar Gaviria logró popularidad en las barriadas de la ciudad de Medellín durante las décadas del ´70 y ´80. El célebre narco colombiano hasta llegó a incursionar con cierto éxito en la actividad política, hasta que su organización delictiva decidió declararle la guerra al propio gobierno de su país.
El preocupante fenómeno de la penetración narco en los barrios de las ciudades más populares de la Argentina fue anticipado hace algunos meses por el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo: “Cuando falta comida en los comedores, vienen las rifas, la gente se autoayuda. ¿Pero de dónde se agarran las personas que no tienen nada? Se agarran de la red comunitaria o de lo que pueden, y allí, cuando se retira el Estado de lo comunitario, avanza el narcotráfico; el vacío lo llena alguien”.
Hay cada vez más testimonios que aseguran que, ante el enorme recorte en la entrega de alimentos propiciada por el gobierno de Javier Milei, son las organizaciones de narcotraficantes las que financian numerosos comedores. De esa manera se explica que no haya un proceso de escalada del descontento social que desemboque en eventuales situaciones difíciles de controlar, incluso para las fuerzas de seguridad. Si el Estado no reparte comida, lo hace el narco.
No es lo único que financian estas bandas delictivas: ante la dificultad para el acceso al crédito, actúan de prestamistas, y solventan todo tipo de actividad comunitaria y social. Llenan rápidamente el hueco que dejan las instituciones públicas que abandonan sus responsabilidades sociales.
El fenómeno es muy visible en Rosario, la ciudad argentina donde más han extendidos sus tentáculos, pero se observan cada vez más en el conurbano bonaerense e incluso en la periferia de la ciudad de Córdoba y otras capitales de provincias argentinas. En Catamarca el grado de organización es mucho menor, pero resulta imprescindible anticiparse al desarrollo de esta penetración dañina que amenaza a todo el tejido social de la Argentina, sin excepciones, particularmente la de los sectores de mayor vulnerabilidad.
Ante el enorme recorte en la entrega de alimentos propiciada por el gobierno de Milei, son las organizaciones de narcotraficantes las que financian numerosos comedores.
