OPINIÓN
En marzo, cuando el senador nacional porteño y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, se apartó del criterio asumido por su bloque y votó en contra del mega-DNU de Javier Milei, la Convención y el Comité nacional del partido se abstuvieron de cualquier disposición sobre tal acto de indisciplina.
Siete meses después la Convención, capitaneada por Gastón Manes y Hernán Rossi, denunció ante el Tribunal de Ética partidario a los diputados nacionales Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, Roxana Reyes y Gerardo Cipollini, por haber facilitado el blindaje al veto de Milei a la reforma jubilatoria.
El diputado nacional catamarqueño Francisco Monti señaló este heterodoxo criterio de justicia, que se ensaña con los radicales del interior y exculpa a los del área metropolitana.
A través de su cuenta de “X”, manifestó su “absoluto repudio al ajusticiamiento selectivo contra los diputados”.
“Nuestro bloques de diputados y senadores votaron divididos infinidad de veces sin que la burocracia porteña aplique sanción alguna”, recordó, y expresó su “respeto y respaldo a colegas que vienen librando enormes batallas contra el rancio kirchnerismo en cada uno de los rincones del país, donde los latigazos del poder duelen de verdad y donde la militancia política se ejerce con verdadera vocación de servicio y de cambio profundo”.
Unas horas después, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Rodrigo De Loredo, se pronunció en idéntico sentido.
“La decisión tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional es inédita, de una gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva. No es la primera vez que miembros del bloque votan de manera diferente. Ni en Diputados ni en Senadores. No tiene ningún efecto directo sobre el bloque de diputados nacionales de la UCR. Cualquier decisión sobre la conducta de los diputados que integran nuestro bloque será tomada entre los pares, buscando siempre los consensos y sin posturas sesgadas dentro de un partido que incluye pluralidad de miradas”, posteó en X.
Lo mismo hizo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo: “La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”.
Por último se plegó el diputado provincial Tiago Puente, más específico aún: “Me da asco el radicalismo porteño y su afán de llevar a todo el radicalismo nacional a una estrategia que les conviene solo a ellos. Ya lo hicieron cuando no estaban en JxC en CABA, después arreglaron y se sumaron callados, metieron al actual senador nacional Martín Lousteau. Ahora que se le termina y lo único que les queda es hacer alianza con Santoro y el kirchnerismo en CABA, quieren llevar a todo el radicalismo a su estrategia. El radicalismo del 2%. Solo basta con mirar al kirchnerismo que festeja estas acciones, porque trabajan para que ellos vuelvan”.
La diferencia de criterios para establecer sanciones del Comité Nacional se explica fácilmente: quieren posicionar a Lousteau para la reelección en CABA y eventualmente proyectarlo, de modo que lo blindan.
La razón metropolitana pretende imponerse a pesar de un detalle político de peso que convenientemente se ignora: la última vez que los radicales porteños ganaron su distrito fue con Fernando de la Rúa, que después fue presidente con los resultados conocidos. En contraposición, el radicalismo del interior puede exhibir experiencias muy exitosas a lo largo del tiempo, por no hablar de la recuperación de varias provincias en la última elección.
El comunicado de la Convención que castiga a los diputados nacionales instruye al presidente del partido, lo presidente de bloque y los gobernadores para formar una “mesa de diálogo en la que se busque unificar criterios en el accionar legislativo”.
Es raro que no reconvengan a Lousteau por su defección en tal sentido: el presidente del partido es él, que además fue el ministro de Economía de Cristina Kirchner que pergeñó la polémica 125 de las retenciones móviles al campo.
Se entiende que no esté interesado en unificar criterios que puedan resultar inconvenientes para sus aspiraciones particulares y las del radicalismo porteño, o limitarle el margen de maniobra para el saltimbanquismo.
Ya se verá qué hace, pero la Convención podría predicar con el ejemplo y unificar sus propios criterios para juzgar la conducta de los afiliados. ¿O la libertad de acción es solo para los porteños?
