El debate legislativo por la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se ha instalado como vidriera para el floreo y las declaraciones de principios ideológicos, pero el triunfo de Río Negro sobre la Provincia de Buenos Aires por una megainversión para el desarrollo de una planta de gas licuado vino a confirmar que tal adhesión resulta en gran medida inocua.
A nivel provincial lo había consignado ya el diputado nacional radical Francisco Monti y en Buenos Aires nada menos que el gobernador Axel Kicillof, quien asignó las culpas por su derrota a un castigo político del presidente Javier Milei porque el RIGI, al haber sido aprobado por el Congreso en la Ley Bases, tendrá vigencia en todo el país independientemente de la adhesión de las provincias.
Es cierto que el gobernador rionegrino Alberto Weretlinek apresuró la adhesión al RIGI mientras Kicillof se enredaba en las cuartas de su dogmatismo, y también que no puede descartarse la incidencia de una decisión política de la Casa Rosada.
Sin embargo, hay otros elementos que deberían considerarse. Por ejemplo, que los gobernadores patagónicos se enfilaron con criterio regional decididamente en el respaldo a Weretlinek, quien por su parte habilitó ventajas fiscales provinciales adicionales a las establecidas por el controvertido régimen, como la exención del pago de Ingresos Brutos.
Conviene tener en cuenta estos detalles en la discusión provincial. El RIGI ya fue aprobado por el Congreso y tendrá plena vigencia una vez que el Gobierno nacional lo reglamente.
Esperar esa letra chica es razonable, pero no parece sensato negarse a la adhesión. El sistema se aplicaría de todos modos y la potestad para aprobar los proyectos es de la Nación. No adherir dejaría a la Provincia a expensas del arbitrio presidencial e introduciría un factor de incertidumbre entre los eventuales inversores. Es decir: dejaría a la provincia objetivamente en desventaja.
Más importante que eso es que, a diferencia de Río Negro, que extremó beneficios fiscales a nivel local para quedarse con la localización de la planta, los recursos mineros son inamovibles y su administración es potestad de las provincias.
Esto es una carta de negociación muy valiosa para maniobrar bajo el paraguas del RIGI nacional, que puede potenciarse si, como hicieron los patagónicos con Río Negro, se coordina con las otras provincias mineras. En tal sentido, Catamarca integra las mesas del Litio y del Cobre, que se pronunciaron a favor del sistema nacional.
Además, la Provincia cuenta con la herramienta de la estatal CAMYEN, capitalizada con la tenencia de áreas mineras recuperadas para el patrimonio provincial luego del depuramiento del padrón. Esto le permite a la firma insertarse en los proyectos. De hecho ya celebró convenios para exploración con YPF.
Tal vez sea más productivo avanzar en la construcción de consensos sobre cómo mejorar la posición de la Provincia en las tratativas ante los holdings mineros privados que desembarquen al amparo del RIGI, en lugar que continuar empecinándose en extremismos ideológicos tan inconducentes como nocivos.
Sacar el mayor provecho posible del régimen en términos de recursos para el sector público y perfeccionar los dispositivos para su inversión debería ser más urgente que sentar opinión sobre un régimen que ya fue sancionado por el Congreso.
