el régimen entró en vigencia la semana pasada
Los secretarios generales de ATE y UPCN no tuvieron elogios para el programa que se lanzó de la mano de la Emergencia Económica. Son cautelosos con el número de adherentes.
Tras conocer las expectativas del Gobierno de que el régimen de retiros voluntarios alcance a unos 10.500 empleados de la Administración Pública, los principales gremios estatales pidieron a los agentes que busquen un asesoramiento correcto antes de tomar una decisión: no tuvieron elogios para el programa y fueron cautelosos respecto de la cantidad de gente que pueda adherir.
El Ancasti informó este fin de semana que el Ministerio de Trabajo publicó la resolución nº 180/24 por la que se reglamentó el “Régimen Anticipado de Retiros Voluntarios” y la ministra Verónica Soria estimó que 10.500 agentes están en condiciones de acceder. Se trata de empleados de planta permanente de la Administración Pública Provincial, ya sea centralizada o descentralizada, agentes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y municipios que adhieran.
La titular de UPCN, Claudia Espeche, en diálogo con Mañana es hoy (Radio Ancasti), simplemente se limitó a destacar que “lo más importante es que es voluntario”, y remarcó que “esa palabra nos da a todos la independencia de poder decidir”. “Como gremio vamos a defender el trabajo estatal hasta las últimas consecuencias. Queremos que el Estado siga siendo presente y el Estado siga siendo el motor de una sociedad organizada en nuestra provincia y en el país. Estas cuestiones que se plantean en función de una reducción del Estado van en desmedro del alma del sindicalismo”, lamentó la gremialista.
En esta línea, explicó que están asesorando a la gente “para que vean todas las posibles ventajas y las desventajas de cada caso en particular” y que la intención es “que la gente tome una decisión con conocimiento fehaciente y profundo de la situación”. Espeche destacó que se mantiene la obra social, pero enfatizó en que un punto muy importante a tener en cuenta es la reducción del sueldo. “Se percibirá un porcentual de acuerdo con los años que te falten para la jubilación ordinaria. Por ahí hay que tener otro ingreso para poder subsistir, hoy la situación es muy difícil. No estamos en una situación económica salarial óptima. Sabemos que estamos rasguñando la olla, por ahí nos comparamos con otras provincias y estamos mejor, pero tampoco vamos a decir que es la panacea. Si por ahí tenemos otro ingreso, un negocio o una profesión podemos considerarlo, pero la verdad que hay que ver cada caso en particular. Por eso es importante que cada persona que tenga una mínima inquietud se acerque a preguntar”, señaló.
Según comentó Espeche, hasta el momento la mayoría de las consultas es de “gente grande y gente del interior, o de gente que le queda poco porque quizás hace tareas pesadas y ya está cansada”. En esa línea, consideró que habrá que ver el funcionamiento del régimen. “Tenemos un montón de gente precarizada que está cumpliendo funciones y que es necesaria, y por otro lado tenés gente que no está cumpliendo como corresponde. Hay muchísimas cosas para debatir y para trabajar”, analizó.
“Apuntar a 10.500 agentes es un número grande. No tuve oportunidad de hablar con la ministra respecto de qué base se tomó ese número”, dijo la titular de UPCN. En este sentido, reconoció que “hay una superpoblación de empleo público”, pero señaló que esa situación “es propia de la falta de generación de otro tipo de empleo”.
“El Estado siempre tiene que ser el que auxilia a la gente que no tiene como conseguir un empleo de otra forma que no sea del Estado. No te queda otra que quedarte en el Estado para poder tener un empleo genuino”, comentó.
ATE
Por su parte, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, también en Radio Ancasti, coincidió en que los empleados activos de la Administración Pública “se asesoren bien” antes de adherirse. Sin embargo, Arévalo fue más contundente al señalar que la propuesta “no es conveniente ni es un beneficio”. “Lo planteamos en la Cámara de Diputados, que no nos parecía que el régimen de retiros voluntarios fuera una conveniencia para el trabajador activo, como lo estaban planteando. No tienen el beneficio que tiene un jubilado real, con sus años de aportes tampoco”, expresó.
“Este retiro es un adelantamiento para que el empleado público deje de serlo. No va a percibir lo que percibe estando en actividad plena y el haber mensual se desvaloriza mucho, puede haber una merma del 50% del sueldo. Creo que no es un beneficio. Cada trabajador debe asesorarse muy bien para tomar una decisión, pensar si le conviene irse con un 50% o no. Van a dejar de percibir horas extra, van a dejar de percibir los incrementos no remunerativos y otras cuestiones de fondo que no son favorables”, consideró Arévalo. Espeche había explicado que también se pierde el aguinaldo.
