El procesamiento del líder piquetero Eduardo Belliboni por administración fraudulenta y el pedido de que Emilio Pérsico sea convocado a prestar declaración indagatoria en el mismo expediente repuso en la agenda pública, de la peor forma, a las llamadas organizaciones sociales.
Estas estructuras, en las que el Estado nacional delegó a administración de la asistencia social, ocuparon un espacio central como componentes del sistema político durante dos décadas, lo que proyectó una imagen poderosísima sobre ellas.
Los cuestionamientos y denuncias que las marcaban como foco de corruptelas y clientelismo exacerbado se estrellaron siempre contra una invulnerabilidad fraguada en complicidad con el poder político, que consiguió no solo superar sino salir más robustecida del interregno de la gestión presidencial de Mauricio Macri, que las mantuvo como canal del asistencialismo y les proporcionó más recursos. El Movimiento Evita de Pérsico se afianzó como la burocracia hegemónica de todo el sistema en ese período.
La solidez no era tal. Seis meses le bastaron a la administración de Javier Milei para barrer con el mito.
Tras unas breves y cada vez más exiguas manifestaciones montadas para resistir los embates del Ministerio de Capital Humano que las sacaron del circuito de auxilio a la pobreza, desaparecieron de los titulares para resurgir ahora a través del procesamiento penal de Belliboni y otros 18 dirigentes acusados de malversar fondos del programa Potenciar Trabajo con facturas truchas y empresas fantasma o amenazas coactivas. Jefe del Polo Obrero, Belliboni fue embargado por 390 millones de pesos.
El procesamiento fue dictado por el juez Sebastián Casanello, para quien “el desvío de los fondos no fue inocente ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria» del Polo Obrero.
El fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, solicitó por su parte a Casanello que indague a Pérsico por eventuales delitos y transgresiones que pudiera haber cometido en su rol de secretario de Economía Social del gobierno de Alberto Fernández.
A criterio de Pollicita, la causa expone «una matriz de corrupción» en la que los funcionarios «actuaron en forma coordinada» con los dirigentes sociales procesados.
«La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente, sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde al menos marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social -encabezada por Emilio Pérsico-, que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social», argumenta el fiscal.
La evolución de la causa expone la cínica ductilidad del Poder Judicial, que avanza decididamente recién cuando los líderes que transformaron las organizaciones sociales en burocracias de recaudación se quedaron sin blindaje político.
Sin embargo, el acomodaticio desempeño judicial, por otro lado de lo más típico, confirma el carácter ficticio que tenía la fortaleza de estos jerarcas del negocio del hambre: las reacciones a la peripecia de Belliboni y la acechanza que se cierne sobre Pérsico son insignificantes. Quienes los amparaban los abandonan ahora a su suerte, para no contaminarse.
