LAS MEDIDAS YA FUERON IMPARTIDAS
Una mujer había denunciado penalmente un presunto abuso sexual contra su madre de 92 años.
La Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, avanza en la investigación de una denuncia por una presunta agresión sexual en una residencia geriátrica, ubicada en la zona norte de la Capital. Una mujer había realizado la denuncia penal por un presunto abuso contra su madre, de 92 años. La investigación apunta a tratar de establecer si existió o no el ultraje y, en caso de que haya ocurrido, si le transmitieron una infección de transmisión sexual (ITS) a la mujer adulta mayor.
El representante del Ministerio Público Fiscal tomó las primeras medidas. En este contexto, se tomaron testimonios, se concretó un allanamiento y se secuestraron cámaras de seguridad para visualizar algunas imágenes. A la vez, se esperan algunos resultados. El fiscal Barros Jorrat trabaja en coordinación con el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) y el Laboratorio Satélite Forense.
Vulnerables
Las personas adultas mayores (PAM) al igual que chicos y chicas y las personas con discapacidad, conforman un grupo de personas que requieren una protección especial por encontrarse en situación de vulnerabilidad. “La vulnerabilidad está asociada a la condición evolutiva, ya que se encuentran atravesando un proceso gradual de cambios en diferentes niveles, biológico, psicológico, social y funcional. En muchos casos, nos encontramos con personas que requieren de asistencia. Es una población dependiente que necesita del ‘otro’ para poder desenvolverse y llevar una vida digna”, se explicó.
Dada esta situación, a finales de 2018, en Catamarca entró en vigencia la Ley Provincial 5.568 de Regulación de la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores. La normativa catamarqueña se encuentra en consonancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ésta cuenta con rango constitucional, a través de la Ley Nacional 27360, de mayo de 2017.
Para la Convención, una persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley de cada país determine una edad diferente. La Convención establece que la edad base a partir de la cual una persona debe ser considerada mayor no puede ser mayor a los 65 años. Los principios de la Convención son la promoción y defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales: la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; el bienestar y cuidado; la seguridad física, económica y social; la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria y el buen trato, entre otros.
En tanto que, en materia de violencia contra los grupos socialmente vulnerables, desde el gabinete social se había indicado que las PAM se convierten en rehenes de su propia familia. “En los últimos años, se trabajó mucho con otros grupos socialmente vulnerables. Ahora hace falta una fuerte campaña de concientización y visibilización de derechos de personas adultas mayores. No cualquiera está capacitado para abordar una situación de vulneración de adultos mayores”, se había advertido.
En 2020, durante la pandemia, las PAM, por protección, sufrieron más el distanciamiento y aislamiento social. “Hay muchos casos de violencia psicológica, verbal y patrimonial. Las violencias más invisibles. En algunos casos, les sacan el documento o tarjeta de cobro. No tienen manejo de su jubilación. En cuanto a patrimonio, despojan de la titularidad de su casa; los invaden. Esas violencias, diarias, sostenidas y crónicas están invisibilizadas. Es necesario tener una línea de visibilización y concientización comunitaria”, habían detallado.
En alerta
La vulnerabilidad de las personas adultas mayores (PAM) está asociada a la condición evolutiva, ya que se encuentran atravesando un proceso gradual de cambios en diferentes niveles, biológico, psicológico, social y funcional.
Se encuentra disponible la Línea de Asistencia y Protección a Personas Adultas Mayores 3834318660.
