PARA SU VIGENCIA NECESITA QUE SE APRUEBE EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Alejandra Nazareno y Fernando Ávila serán los ministros interlocutores del Ejecutivo para buscar consenso en el oficialismo y la oposición.
El Gobierno comenzará en la próxima semana una ronda de diálogo con diputados del oficialismo y la oposición para lograr los votos necesarios para la adhesión de la provincia al RIGI y también a un “blanqueo” provincial que permitirá el pago de tributos atrasados a la provincia y tasas a los municipios. El Gobierno ya trabaja en los proyectos que enviará a la Legislatura, pero antes buscará contar con los consensos necesarios.
Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI. Lograr la adhesión de la Cámara baja podría demandar algún tiempo más. Es que el bloque oficialista está dividido y hay posturas, más cercanas al kirchnerismo, que fueron contundentes al anticipar que estarán en contra de la adhesión de la provincia a la ley de Bases y por lo tanto al RIGI. En el gobierno conviven distintas opiniones con respecto al régimen. El gobernador defendió la medida desde que se anunció. Sin embargo, su propio ministro de Minería, Marcelo Murúa se mostró poco optimista con respecto al impacto que el régimen tendrá para la minería. En este sentido consideró que los beneficios no serán significativos para la provincia ya que está vigente la ley nacional de Inversiones Mineras.
Lo cierto es que a partir del lunes, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fernando Ávila, junto a la ministra de Economía, Alejandra Nazareno saldrán a buscar el respaldo de oficialistas y opositores a través de distintas instancias de diálogo. En el Ejecutivo ya estiman que habrá algunos votos difíciles de obtener como el de Adriana Díaz, Pablo Castro, Claudia Palladino, Mónica Zalazar, más cercanos al kirchnerismo y a la senadora nacional Lucía Corpacci, quien votó en contra de la ley de Bases y el RIGI.
De todos modos, ante el panorama adverso, el Gobierno se apresta a iniciar el «operativo seducción» a la oposición para lograr la mayoría. Como punto de partida se descuenta el respaldo del bloque de La Libertad Avanza y del PRO; con los radicales habrá que “porotear” ya que algunos se pronunciaron a favor de los pedidos del Gobierno nacional a las provincias y otros tomaron distancia. También hay que contemplar que el senador nacional Flavio Fama, referente de la línea Raúl Alfonsín, y el diputado nacional Francisco Monti, también dirigente de otro sector del radicalismo, votaron a favor.
Según trascendió, el Gobierno avanza en la redacción de los proyectos para la adhesión al RIGI y también en normativa impositiva que acompaña al proyecto provincial. Tras la adhesión de la provincia también deben adherir los municipios.
Compromisos
El título VII de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es el que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En el artículo 163 se declara que las inversiones que se concreten son de interés nacional. Y dictamina que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
Mientras, el inciso b del artículo 86 determina que sobre las cargas tributarias provinciales y municipales “no podrán alcanzarse con ningún tributo local las operaciones, transferencias, ventas, locaciones, prestaciones ni ninguna otra relación económica entre el VPU (Vehículo de Proyecto Único) y sus miembros. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 163 de esta ley”.
El inciso c del art 193 agrega que “no podrán alcanzarse con ningún otro impuesto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni municipal las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial”.
Es el artículo 222 el que invita a las provincias y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones. Mientras que en el punto 123 se establece que quienes adhieran “no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. A los efectos del presente régimen, se entenderá que existe un nuevo gravamen local cuando se cree un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal”.
En el caso de tasas retributivas por servicios prestados “no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entenderá que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos».
Por otra parte, se les recomienda a las jurisdicciones que acompañen con medidas impositivas propias que alienten grandes inversiones.
