OPINIÓN
Es probable que la Marcha Federal Universitaria marque en el derrotero de la gestión de Javier Milei el punto de inflexión que sus antagonistas no han conseguido hasta ahora imponerle.
En un ecosistema político fragmentado, con sus liderazgos estragados por la irrupción del libertario, la defensa de la educación pública emerge como una de las pocas banderas con poder de convocatoria y potencial de rango nacional para oponer algún límite a la voluntad presidencial.
Las invectivas libertarias contra la universidad pública son idénticas a las desplegadas contra los miembros del Congreso, el sindicalismo, los dirigentes sociales, los gobernadores, la política en general y el periodismo, pero no parecen haber erosionado la adhesión al movimiento. Las acusaciones de corrupción y “adoctrinamiento” disparadas por el Presidente y sus enervados apóstoles carecieron en este caso del efecto estigmatizante obtenido en otros, y más bien contribuyeron a fortalecer el consenso social en torno al reclamo.
Al margen del volumen que alcance la marcha, que promete ser importante, Milei se enfrenta a un desafío cualitativamente distinto. Esto surge no solo de los magros resultados que han tenido las intentonas libertarias para neutralizarlo. En el disperso campo contrario, agrupaciones políticas, movimientos sociales y sindicatos se suman al reclamo precisamente para intentar contagiarse de su legitimidad y atenuar su pronunciado desprestigio. Esto es: tratarán de usar la pelea por la educación pública como tapadera de sus miserias. Ninguno, por si solo o en conjunto, está en condiciones de generar una movilización de similar consistencia. En este marco, el kirchnerismo pidió una sesión especial para tratar mañana proyectos que establecen el financiamiento de las universidades nacionales, reponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y modificar la movilidad jubilatoria.
Cuestionar la manifestación por sus componentes políticos es una torpeza. Es política y no puede dejar de serlo, pues se trata de una reacción defensiva ante lo que se considera una política sistemática de desfinanciamiento, implementada por un presidente que considera al Estado una “organización criminal”, los impuestos “un robo” y el mercado un mecanismo perfecto que debe dejarse liberado a su propia dinámica. ¿Cómo podría no ser política? Son dos cosmovisiones diametralmente contrapuestas las que confrontan
Tan profundamente política es la marcha, que sus objetivos han sido hasta ahora los únicos capaces de superar identificaciones facciosas como las que desacreditan, por ejemplo, los paros de la CGT o las manifestaciones de los movimientos sociales que administraron la asistencia social.
De hecho, uno de los riesgos que los universitarios contemplaron antes de pasar a la ofensiva fue precisamente el de quedar entrampados en maniobras tendientes a capitalizar alguna de las facciones políticas que participarán del movimiento. En estas presencias tratará de hacer foco el gobierno libertario para restringir el alcance crítico de la protesta y diluirla como un episodio más de la gesta milenarista contra la “casta”.
Por lo pronto, emerge por primera vez en los cuatro meses y pico de la gestión libertaria un nervio impermeable a la execración generalizada que tantos dividendos políticos viene arrojándole al Presidente.
Las universidades y sus burocracias constituyen una corporación, sin dudas, y tendrán muchos puntos oscuros para revisar. Pero gozan de un prestigio que ninguna otra corporación tiene y, además, del compromiso afectivo de los millones de argentinos que se formaron o vieron a su descendencia formarse en ella. Estos elementos mantienen a la educación pública en pie como causa nacional.
