Llama la atención el silencio de las organizaciones que representan la producción y el comercio en Catamarca ante el tarifazo energético que enfrentan sus asociados debido a la eliminación de los subsidios y la decisión del Estado nacional de impedir que las distribuidoras se financien con la mayorista CAMMESA.
Por razones políticas, la Casa Rosada liberó el precio de la energía por ahora solo para los consumidores no residenciales y los residenciales de más altos ingresos, pero el volumen de los aumentos presagia el sablazo que se descargará sobre el bolsillo de los usuarios comunes en cuanto el mentado “sinceramiento” se complete.
Si hubiera que guiarse por los movimientos de la Unión Comercial, la Federación Económica y la Unión Industrial, Catamarca estará exenta del golpe.
Apenas puede registrarse un encuentro entre el gobernador Raúl Jalil y los representantes de la Asociación Olivícola, del que surgió la posibilidad de avanzar en un proyecto para la construcción de un parque solar comunitario para las empresas del sector.
Esta indiferencia de los afectados contrasta con lo que ocurre en otras provincias, en las que la movilización fructificó en medidas paliativas como la coordinación de mecanismo entre los gobiernos y las distribuidoras para poder pagar las agobiantes boletas en cuotas.
Córdoba abrió este dispositivo, seguida casi de inmediato por Misiones.
En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio dejará de cobrar los impuestos provinciales sobre el consumo de luz para aliviar a los sectores productivos y comerciales.
La Cámara de Industria y Comercio de Salta selló un acuerdo con la distribuidora EDESA y el ENRE de esa provincia que incluyó medidas para atemperar subas que superaron el 300%, entre ellas el pago en cuotas.
En la mayoría de los distritos del país los productores y comerciantes hacen sentir la presión ante un incremento de los costos que representaría el colapso de sus actividades, con intervenciones muy enfáticas en las audiencias públicas organizadas por los entes reguladores.
En Catamarca es como si no pasara nada.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) adeuda alrededor de un billón de pesos a generadoras y trasportadoras de energía. En el marco de las políticas de ajuste, el Gobierno nacional restringió brutalmente los giros a la entidad, a la que las distribuidoras como EC SAPEM deben abonarle la energía que reparten.
La factura de Catamarca con CAMMESA pasó de $1.154 millones en noviembre a $3.168 en febrero: 282% de aumento que se traslada potenciado a los usuarios, sobre el que deben añadirse los ajustes del VAD.
De marzo del año pasado a la fecha, el costo de la luz se ha incrementado un 362,68% y todavía faltan fechas. En algunas actividades, el precio de la energía representa más del 75% de la masa salarial en la estructura de costos.
Las próximas facturas serán demoledoras. ¿No ven el tsunami los gremios productivos y comerciales catamarqueños?
Tamaño golpe a la rentabilidad se dará en un contexto de aguda recesión y caída de las ventas, que tiene su correlato en el desplome de la recaudacón del sector público.
Tampoco los sectores políticos parecen afligidos por el inminente desastre que se cierne sobre la provincia.
Acaso esperan a que se produzca para empezar recién ahí con el llanto rechinar de dientes.
