EDITORIAL
El Gobierno nacional, a través del vocero Manuel Adorni, presentó el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, como una medida que permitiría un ahorro de 9.000 millones de pesos. Al margen de que esa cifra enunciada por el funcionario es bastante mayor que la real, como se supo después, lo que llama la atención es el total desconocimiento de la importante tarea que cumplen ambos organismos. Incluso habló, con un alto grado de cinismo, de “puestos de no trabajo”.
Tal vez sea cierto que en el funcionamiento de algunas áreas del Estado haya trabajadores que no cumplen funciones, o que la cumplen a medias, pero esas irregularidades se arreglan con correcciones puntuales, no derrumbando estructuras que funcionan desde hace décadas con importantes aportes a la sociedad.
El costo de la medida no solamente la pagan los 900 trabajadores despedidos, 35 de ellos de Catamarca, que, precarizados durante muchos años, quedarían sin ingresos y sin cobrar indemnización: también la pagan cientos de miles de familias de campesinos que reciben el apoyo y el acompañamiento del INAFCI para potenciar sus emprendimientos.
Desde la visión parcial, acotada e insólitamente sesgada que tienen los funcionarios del actual Gobierno nacional, no se puede comprender ni advertir la importancia que tienen estos organismos y la agricultura familiar como sector económico.
La asistencia del área de agricultura familiar alcanza en Catamarca a 18.000 núcleos de la Agricultura Familiar (NAF), que pueden ser emprendimientos o bien familias que realizan tareas productivas de distinta índole. El organismo brinda asistencia técnica y administrativa, además de asesorar en la comercialización de los productos. Los técnicos del Instituto viven en casi todos los departamentos de la provincia, formulan proyectos y permiten gestionar el financiamiento que benefician a las familias o emprendimientos asociativos. La eventual desaparición de este organismo significaría la imposibilidad de que estos actores de la economía social acceden a créditos, condenando a muchos de ellos, tal vez la mayoría, a su desaparición.
La agricultura familiar produce el 70% de los alimentos que circulan en el mercado interno, representa al 67% de las familias que viven en el campo y suman 250.000 establecimientos productivos que involucran a alrededor de 2 millones de personas. Además, genera mano de obra intensiva, constituye, al permitir alternativas laborales, un freno al desarraigo desde los sectores rurales a los grandes centros urbanos y contribuye estratégicamente a la soberanía alimentaria de la Argentina.
Jactarse de un ahorro minúsculo provocando la zozobra de casi mil familias de trabajadores y la desprotección de un sector productivo clave en el mercado interno, es una evidencia de la falta de empatía social del Gobierno nacional y de desconocimiento del funcionamiento de la economía real, por afuera de las planillas Excel que consultan compulsivamente.
