La resistencia al fuerte incremento de los aranceles en las escuelas de gestión privada asumió el formato de un “faltazo” masivo…
La resistencia al fuerte incremento de los aranceles en las escuelas de gestión privada asumió el formato de un “faltazo” masivo, que se concretará hoy para reclamar a las autoridades de los establecimientos que garanticen a los estudiantes condiciones edilicias y comodidades acordes a lo que cobran. Es decir: la protesta no es por el monto de las cuotas, sino porque, a criterio de los padres, las escuelas no las invierten para mejorar el ambiente en que sus hijos se educan, criterio razonable si se tiene en cuenta que el Estado paga los sueldos de los docentes.
La polémica que empezó a incubarse la semana pasada, cuando se aplicaron los aumentos, reventó con los calores debido a que la temperatura de las aulas sin acondicionares de aire ni ventiladores, o con los aparatos rotos, se torno insoportable. Desde ese punto crítico, las familias en pie de guerra aprovecharon para contabilizar otras fallas sobre las que antes no se habían detenido con tanto celo, quizás porque los aranceles no les resultaban tan gravosos como ahora: estado de los sanitarios, higiene, actividades extracurriculares, infraestructura, personal no docente, etc.
Los incidentes revelan hasta qué punto el sistema educativo ha retrocedido en su rol de integrador social para transformarse cada vez más en un elemento de diferenciación por capacidad económica.
¿Por qué pagar si las escuelas privadas están en las mismas condiciones que las públicas?
Para eso, que la prole vuelva a educarse en la escuela pública, donde no hay tantos remilgos.
Es notorio que ni los padres ni los propietarios de las instituciones privadas hagan foco en la calidad de la educación que se imparte, como si se tratara de un elemento secundario en la ecuación.
Esta omisión ofrece otra faceta distintiva del conflicto, pues uno de los motivos para migrar hacia el sistema privado pasó en algún momento por las horas de clase que los chicos perdían en el público a raíz de los paros y las inasistencias de los docentes. Más horas en el aula, se razonaba, implicaría mejor educación, por lo tanto mejores herramientas para que los hijos se defendieran en la vida.
¿Se habrá cumplido esta optimista presunción?
La pregunta ni siquiera parece pertinente. El debate educativo de fondo se posterga crónicamente en la crisis perpetua, desplazado por urgencias como los salarios o el estado edilicio de los establecimientos escolares. Ojalá alguna vez pueda avanzarse en los aspectos más medulares de tema tan clave. La degradación educativa argentina y provincial es ostensible y nadie ha acertado hasta ahora en políticas tendientes a revertirla.
Mientras tanto, late en el reclamo de la comunidad educativa privada la interpelación al Estado, atenuada por el momento debido a que el malestar se concentra en los propietarios y administradores de las instituciones.
El Ministerio de Educación habilitó a los colegios de gestión privada a aumentar sus cuotas hasta en un 80% el 29 de febrero, cuatro días antes del inicio del ciclo lectivo, cuando las familias que eventualmente pudieran necesitarlo no tenían ya ninguna posibilidad de buscar alternativas más adecuadas a sus bolsillos.
Fue una ventaja corporativa innegable, de modo que las familias acorraladas tienen derecho a preguntar qué se exigió a cambio de ella. 80% no es chala ‘e choclo.
Tal vez el aumento fue autorizado tan sobre la hora que los colegios privados no tuvieron tiempo de hacer inversiones que tenían proyectadas, pero esto no puede saberse.
Es seguro, en cambio, que al haber habilitado las subas de modo tan intempestivo Educación evitó tener que responder a la demanda por ingresar al sistema público que sin dudas hubiera sido importante si las posibilidades de incrementos se anunciaban antes.
