El conflicto local por el incremento de las cuotas de las viviendas entregadas por el IPV se inscribe en la acentuación de la crisis general por las medidas restrictivas del gasto implementadas por el Gobierno nacional y el impacto que en particular han tenido en el ámbito de la construcción y las políticas de obras públicas que le dan impulso.
Hasta la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el flujo de recursos nacionales en este aspecto le permitió a la Provincia mantener pisado el precio de las cuotas sin mermar el ritmo de la inversión. El abrupto corte de estas asignaciones por decisión unilateral de la Casa Rosada obligó a revisar proyecciones y fuentes de financiamiento.
Así se incrementaron sideralmente impuestos provinciales y municipales, por ejemplo, y se adecuaron las negociaciones salariales en la administración pública a las disponibilidades financieras ante un horizonte muy incierto y con un Gobierno nacional aplicando el combo de motosierra y licuadora a rajacincha para hacer cerrar sus balances financieros.
Nada de esto exculpa privilegios políticos y excesos de las autoridades, pero conviene separar la paja del trigo.
Si hay algo que no se le puede reprochar a Milei es que haya escondido en campaña su plan de ajuste brutal. Tal vez sí que no sea la casta la que lo esté sufriendo en esta primera etapa, pero el concepto de casta resultó ser de una elasticidad tal que abarca a todo el Estado, que para el Presidente es una “organización criminal” que le roba a la gente para enriquecer políticos y favorecer clientelas electorales.
Milei ganó con esta propuesta también en Catamarca, de modo que solo cabe asombrarse de su encono con las provincias, que si por él fuera deberían arreglarse con lo que recaudan por sí solas.
En este contexto general, no solo en Catamarca se está ajustando el aporte que hacen los beneficiarios de los programas de vivienda para sostener las políticas habitacionales.
Tucumán también incrementará el valor de las cuotas. «El Instituto de la Vivienda va a tomar alguna medida de recupero por la mora o de actualización de tasa de interés, viendo hacia atrás. Para adelante las cuotas van a tener una modificación sensible por las tasas. No sabemos el monto, pero se va a parecer a un alquiler, como comprar una casa en cuotas a 20 o 30 años, como se hace en todo el mundo”, explicó el ministro de Obras y Servicios Públicos de esa provincia, Santiago Yanotti.
Y eso que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, es el único enfilado con Milei. Si él tiene que ceñir, qué queda para el resto.
El IPV de Salta planea habilitar un mecanismo para que sean los privados los que las financien las obras, al menos para unas 2.100 viviendas sociales que quedaron inconclusas por el corte de fondos de Nación.
El titular del organismo, Gustavo Carrizo, adelantó un esquema de ahorro previo entre los adjudicatarios. Aclaró que hay distintas situaciones, con urbanizaciones ya prácticamente finalizadas y otras con un 40% de avance de obra, por ejemplo.
Catamarca, como el resto del país, experimenta el traumático tránsito del libertarianismo teórico votado hacia el práctico padecido, con una inflación desenfrenada que comienza a desacelerarse pero ya hizo un trabajo tan profundo como cruel de licuación de los ingresos, con los jubilados como principales sacrificados en el altar del equilibrio financiero.
En tal contexto, el comunicado del IPV local que puso en pie de guerra a los vecinos de Valle Chico anunció el incremento de las cuotas a partir del mes que viene, con topes de entre 35.000 y 75.000 pesos según el caso y considerando que no lleguen a afectar más del 20% del ingreso familiar.
El organismo dice que debe “buscar equilibrio entre la necesidad de sostener financieramente los programas de viviendas y la capacidad de pago de los adjudicatarios”, en “un contexto económico desafiante” que se resume en la célebre consigna de Milei: “No hay plata”.
