Ley del péndulo: con la misma fuerza que va hacia un extremo, vuelve al otro.
Las entonaciones épicas que empleó el vocero presidencia Manuel Adorni para anunciar la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública nacional, son análogas a las que a su turno utilizaron el kirchnerismo y sus satélites para imponerlas.
La sobrevaloración de las insignificancias es funcional para tratar de disimular el deterioro económico y social. Es una táctica de camuflaje en la que coinciden la denostada casta y las purificadoras fuerzas del cielo, que aprovechan las malversaciones de los ajenos para justificarlas propias.
«El lenguaje que contempla todos los sectores es la lengua castellana, no veo por qué tener otras estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión», sentenció Adorni, encaramado en una autoatribuida superioridad moral similar a la que se asignaban los progenitores de la idea de establecer un lenguaje por imposición.
Lo que se logra con estas impostaciones es devaluar ante la opinión pública políticas importantes y alto calado cultural como las de género. La prohibición informada por Adorni con tanta pompa y circunstancia mereció réplicas acordes de los militantes del lenguaje inclusivo. En tiempos donde los estados de ánimo sociales se sondean permanentemente, sería interesante saber a cuánta gente le interesa este asunto.
La promoción abusiva del lenguaje inclusivo, asumido como bandera política medular por el kirchnerismo mientras el país se desbarrancaba económica y socialmente, generó un hartazgo en la gente que es el caldo de cultivo ideal para que la gestión libertaria postule su abolición como un hito histórico.
Es un recurso de propaganda. Como tanto las anteriores gestiones como la actual carecen de elementos para envanecerse de haberle mejorado la calidad de vida a cualquiera que no formara parte de los círculos privilegiados, subrayan la importancia de las luchas por el uso de la “e”.
No hacía falta publicitar la prohibición. Hubiera bastado con dejar de incordiar a los agentes públicos con la obligatoriedad de utilizar el lenguaje inclusivo.
¿Por qué tanta fanfarria, entonces? No es necesario rascar mucho para advertir que el ruido procura esconder el vacío.
En la conferencia de prensa, Adorni recordó que la resolución ya había sido tomada por el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri y que el Gobierno nacional solamente la extiende al resto de las dependencias.
Estos apuros de Petri, de cuya gestión se tienen escasas noticias a margen de su vocación por disfrazarse, recuerdan a los esfuerzos del expresidente Alberto Fernández por congraciarse con los aficionados al lenguaje inclusivo, cuyo uso promovía en las comunicaciones de las distintas dependencias públicas.
En 2022, al lanzar el III Foro Mundial de Derechos Humanos, consideró que «los derechos humanos son los derechos esenciales de hombres y de las mujeres, de todos y de todes”.
En esa oportunidad, se esperaba respondiera a unas críticas que que había hecho Cristina Kirchner contra el Gobierno y las organizaciones sociales cercanas al Ejecutivo. O sea: que se refiriera a la interna que le estragaba la gestión o insinuara al menos algún gesto de autoridad.
Fue esclarecedor tomar conciencia de su orden de prioridades.
