PLAN MOTOSIERRA 2
El Plan Motosierra 2 incluye aumentos de haberes a estatales y jubilados por debajo de la inflación, recorte de personal, eliminación de transferencias no automáticas a provincias y cancelación por tiempo indeterminado de la obra pública.
El gobierno nacional avanzará en los próximos días con un nuevo capítulo de ajuste y recortes presupuestarios con el objetivo de llegar al déficit financiero en cero antes de fin de año. Tras haber eliminado los artículos de la ley ómnibus vinculados a lo fiscal, ahora comenzó a trabajar con sus asesores en licuar jubilaciones y paritarias para estatales, ambas por debajo de la inflación. En respuesta a los gobernadores no habrá un centavo para obra pública y tampoco fondos de organismos multilaterales de crédito.
Luis Caputo, el ministro de Economía, ya lo había adelantado hace semanas, y ahora, sin el capítulo fiscal de la ley ómnibus, piensa cumplir a rajatabla: avanzará con un ajuste puro y muy duro, que sea capaz de disciplinar a aquellos gobernadores que tensaron la cuerda y obligaron al Gobierno a negociar mucho más de la cuenta.
La nueva fase de la motosierra libertaria se empezó a vislumbrar hace dos semanas, con eje en el recorte al personal del Estado (la Sigen prepara un informe al respecto) y la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos (con transporte en el centro del radar, aunque pesa una cautelar que impide los aumentos que ya se comunicaron) y a la energía. Pero hay más en el menú de un ajuste que contará con impacto a nivel nacional, provincial (directamente con el fin de las transferencias de Nación a las arcas de los distritos) y municipal.
El objetivo principal pasa por reducir directamente a cero un déficit financiero que terminó en 2023 siendo del 6,1% del Producto Bruto Interno, un número compuesto por la suma del déficit primario (que fue del 2,9%) y los intereses del servicio de deuda (3,2%). Con eso machaca cada vez que puede uno de los hombres de máxima confianza del titular de Hacienda, Pablo Quirno, el secretario de Finanzas.
En pos de esa meta, además de continuar con el fin de los fondos para la obra pública, hay algo muy claro en la agenda del equipo económico de La Libertad Avanza: los préstamos que se puedan conseguir de parte de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, no se utilizarán para financiar obras, como en gobiernos pasados, sino para alcanzar el tan deseado equilibrio fiscal.
Las jubilaciones también entran en el terreno de la licuadora de LLA. Como lo advierten integrantes de la oposición parlamentaria, la fórmula previsional vigente le permite al Gobierno bajar gastos en haberes. Por eso, insistían con vehemencia en cambiar el mecanismo de actualización actual por uno indexado a la inflación y a partir de enero mientras el oficialismo lo quería, pero a partir de abril.
Por otro lado, el personal que tiene el Estado sigue en la mira. No solo por la intención oficial de cerrar paritarias por debajo de la inflación, como denuncian los gremios que nuclean a los estatales, sino también por los recortes que se realizaron en la última semana: en Balcarce 50, muchos empleados de diferentes áreas se quejaron porque recibieron rebajas salariales, en algunos casos de 80 mil pesos de acuerdo a sus recibos de sueldo. Lo que alteró ánimos al por mayor y búsqueda de soluciones rápidas. A su vez, desde ATE aseguran que hay 70 mil contratos de empleados que se renovaron por solo 90 días. Esos vínculos vencen el 31 de marzo y, la mayoría, quedará sin actualización. “Y vamos a tener muchos despidos, sin ningún tipo de criterio a diferencia de otros gobiernos”, remarca desde ATE.
