Javier Milei ha optado por un discurso que augura en el corto plazo una realidad económica dura producto de medidas que, en el largo plazo, volverían a colocar a la Argentina, siempre en la versión del presidente de la Nación, en el camino correcto del desarrollo y el crecimiento. Así, ha pronosticado que Argentina podría ser como Alemania dentro de 20 años o como Estados Unidos dentro de 35.
Las promesas de bienestar para un futuro tan lejano, al margen de su dudosa viabilidad, solo entusiasma a aquellos que creen en ellas pero que además tienen la edad que les permitiría ver aquella visión en el horizonte nacional. Los jubilados y pensionados, por ejemplo, no pueden esperar mucho. Quieren y merecen, gozar del bienestar ahora. La ley ómnibus presentada esta semana por el Ejecutivo nacional no trae, sin embargo, noticias agradables para ellos. En primer lugar, en caso de que se apruebe, plantea la derogación de la ley de movilidad jubilatoria, que permite la actualización automática trimestral mediante una fórmula preestablecida de los haberes previsionales. Lo que el gobierno nacional pretende es que los aumentos sean otorgados discrecionalmente por el Ejecutivo.
Hay otra medida contemplada en ese proyecto que genera perjuicios para los actuales jubilados pero también para los trabajadores en actividad que deben jubilarse. Es la disolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS), cuyos activos pasarán a manos del Tesoro. El tema está contenido en el artículo 226 de la ley. «Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables (instrumentos de deuda emitidos por empresas), fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y préstamos a provincias.
La medida desfinancia el sistema y es un paso previo al retorno de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), un esquema de privatización de la administración de los fondos previsionales que fue un rotundo fracaso en la Argentina.
Como ya se dijo en esta misma columna, durante la vigencia de las AFJP y su sistema de capitalización individual, que empezó en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, el dinero de los aportes jubilatorios fue invertido en acciones del sistema financiero que terminaron derrumbándose y debieron ser rescatadas por el propio Estado para que no colapsara el sistema en 2008, año en el que se tomó la decisión de que la administración del sistema previsional vuelva al sector público. En ese momento se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un fondo público de reserva que tiene como propósito mantener la rentabilidad financiera de sus activos. Es decir, un reaseguro ante situaciones de crisis que puedan provocar un déficit de la Anses, eventualidad en la que el FGS la asistiría para el pago de los haberes previsionales.
En la actualidad, el Fondo tiene el valor más alto de su historia: 76.000 millones de dólares. La envergadura de este fondo otorgaba tranquilidad para el corto y mediano plazo respecto de la sustentabilidad del sistema jubilatorio público. Pero la idea de disolverlo para que sea absorbido por el Tesoro nacional le quita al sistema esa garantía. De prosperar la ley ómnibus, esa suma pasaría a ser administrada discrecionalmente por el gobierno de turno. Un verdadero riesgo para el sistema previsional y una puerta de ingreso para el retorno de las AFJP.
Fuente: El Ancasti
